Crueldad bajo la lupa

 La ley otorga a todos los gobiernos la prerrogativa de diseñar e implementar sus políticas migratorias para custodiar la integridad territorial, así como para salvaguardar el bienestar y la seguridad ciudadana, pero esa autoridad no es un cheque en blanco: existen estándares absolutos de derechos humanos para guiar que esas decisiones sean humanitarias, respetuosas de la dignidad humana y rigurosas en el cumplimiento del debido proceso para todas las personas, independientemente de su situación migratoria. 

Bajo ese criterio, el comité de supervisión de la Cámara de Representantes puso bajo la lupa una más de las polémicas políticas migratorias de la administración Trump: la deportación de niños críticamente enfermos y de sus familias. 

El pasado 7 de agosto, 420 menores y sus padres fueron notificados por la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que debían salir del país o ser deportados, luego que la administración Trump decidió suspender el proceso de salida diferida para todas las personas, salvo inmigrantes en las fuerzas armadas o dreamers.

“La desalmada decisión de la administración Trump de amenazar con la deportación de niños enfermos a sus países de origen, donde muy probablemente morirán, forma parte de un patrón de crueles políticas migratorias que convierten en blanco a los niños”, indicó un documento de la mayoría demócrata del Comité. 

Aunque la presión de legisladores y activistas hizo que la administración Trump revirtiera “parcialmente” la política el 2 de septiembre y “completamente” dos semanas después, los demócratas advierten que existe confusión e incertidumbre toda vez que no está clara cuál es la nueva política y han quedado pendientes muchas solicitudes para renovar el permiso de permanencia en el país de los niños y sus familias. 

Durante una audiencia del Comité celebrada esta semana, el director en funciones del USCIS, Ken Cuccinelli reconfirmó que la política fue abandonada por decisión del secretario en funciones de Seguridad Nacional Kevin McAlenaan y que todos los casos pendientes hasta el 7 de agosto –alrededor de 700—fueron reabiertos. Hasta esta semana sólo 41 habían sido decididos.

Sin embargo, la regla actual otorga a los agentes migratorios la discrecionalidad de determinar si existen “hechos y circunstancias convincentes” para decidir el futuro de los niños críticamente enfermos y de sus familias. Para legisladores demócratas y activistas se requiere una garantía institucional que estos niños –que suman alrededor de 900 en todo el país—no serán deportados.

Que la cruel política de deportación de niños críticamente enfermos haya sido revertida bajo presión es lo de menos. Lo importante es que estos menores tengan la oportunidad de recibir un tratamiento que les salve la vida. 

Pero el incidente es un nuevo recordatorio del papel clave que juega el Congreso como contrapeso al poder ejecutivo y la importancia de que haya representantes que defiendan las causas más dignas y nobles.

José López Zamorano es el anfitrión del programa de radio Bienvenidos a América, donde se analizan las últimas noticias de inmigración y se responden las preguntas de los oyentes en temas de inmigración. 

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