Un inmigrante de origen colombiano, el juez de la Suprema Corte de Nueva York Juan Manuel Merchan presidirá un proceso judicial histórico por buenas y malas razones: la primera imputación criminal en la historia de Estados Unidos contra un expresidente.

Me explico: es bueno para la salud de una democracia saber que nadie, ni siquiera un varón blanco, poderoso y billonario, está por encima de la ley. 

La Unión Americana se fundó bajo la premisa de igualdad ante la ley. Por supuesto todos sabemos que eso no ha sido siempre verdad. 

El artículo uno, sección dos, de la Constitución de los Estados Unidos declaró originalmente que cualquier persona que no fuera libre se contaría como las tres quintas partes de un individuo libre para determinar la representación en el Congreso. 

No sólo los afroamericanos esclavizados fueron etiquetados como menos que un hombre blanco, sino que se aumentó el poder político de los estados sureños orgullosos de la esclavitud. 

Pero al mismo tiempo, la imputación criminal de un ex presidente es un suceso que empaña a la República:  Más de 7 de cada 10 estadounidenses coincide que la imputación criminal contra Trump tienen motivaciones políticas, de acuerdo con una encuesta de CNN 

Y es doblemente penoso porque a partir de este encauzamiento, Trump se dedicará durante los siguientes dos años a presentarse como mártir, como víctima de una cacería política y seremos bombardeados por arengas polarizantes hasta el día de las elecciones presidenciales del 2024

Aunque quizá la preocupación mayor es qué ocurrirá en las elecciones, en el escenario que Trump compita como nominado republicano y pierda los comicios. 

Hasta el momento todas las señales indican que el expresidente Trump está siendo fortalecido políticamente por el escándalo.

A raíz del encausamiento criminal, su popularidad subió en relación con enero, ha sido capaz de recaudar más de 7 millones de dólares para su defensa legal enarbolando la bandera de la victimización y extendió su ventaja sobre su principal amenaza por la nominación, el gobernador republicano de Florida Ron De Santis.

Pero sus problemas legales podrían aumentar: aún subsisten tres investigaciones más en su contra, con acusaciones potencialmente más graves.

En Georgia está siendo investigado por su intento de manipulación electoral. Y el Departamento de Justicia continúa sus dos averiguaciones separadas sobre la sustracción de documentos secretos de la Casa Blanca y su papel en la insurrección el 6 de enero de 2021.

No hay nada que celebrar.

Estados Unidos enfrentará en los siguientes meses una prueba de fuego de la fortaleza de sus instituciones políticas, de la que puede salir fortalecido o debilitado. Toca a todos, a la clase política y a la sociedad civil estar a la altura de las circunstancias dando muestras de respeto total al estado de derecho y al sistema judicial.