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Fácil acceso a las armas de fuego provoca cifras récord de muertes

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En medio de una creciente ola de violencia que se vive en todo el país, y donde las muertes por armas alcanzaron la cifra de 48.000 tan sólo en el 2022, crecen las voces de que se declare el tema de las armas de fuego como un asunto de salud pública.

El cirujano general de EE.UU., Vivek Murthy, declaró la semana pasada que la violencia armada en el país es una crisis de salud pública y recomendó que se consideren las muertes por armas de fuego desde el punto de vista de la salud y no de la política.

El cirujano general pidió un aumento de la financiación para la investigación en prevención de la violencia con armas de fuego; aconsejar a los trabajadores de la salud que discutan el almacenamiento de armas de fuego con los pacientes durante las visitas médicas de rutina, y recomendar leyes de almacenamiento seguro, controles de antecedentes universales, leyes de “bandera roja” y una prohibición de armas de asalto, entre otras medidas.

Fuera de control

Estados Unidos es el único país en el mundo donde hay más armas que habitantes. El promedio se sitúa en un total de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes, según la organización Small Arms Survey. Esta realidad tiene su fundamento en el derecho constitucional a portarlas.

Las cifras dibujan una realidad desoladora. Los estadounidenses poseen 393 millones de armas.

Si esto fuera poco, las ventas de armas se dispararon durante la pandemia. En 2020, las compras en el país alcanzaron un récord de 22,8 millones de armas, según datos del FBI.

Sin embargo, solo uno de cada tres estadounidenses reconoce poseer un arma, mientras que el 44% tiene alguna en casa, lo que significa que la mayoría de los dueños tiene en su hogar más de una.

En cada estado la legislación es diferente

La normativa federal indica que la edad mínima para adquirir armas largas, como una escopeta o un rifle, es de 18 años, mientras que para armas de fuego cortas o de mano es de 21 años. Pero los estados tienen capacidad para modificar esta norma. Y la principal diferencia está entre los que imponen licencias y controles antes de la compra y los que no.

El tirador de la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, en mayo del 2022, que dejó al menos 21 víctimas, compró al cumplir 18 años y de forma legal, los dos rifles semiautomáticos que usó en la masacre. Esto fue posible gracias a la ley que entró en vigor en septiembre de 2021 en Texas que permite portar armas sin licencia y sin pasar una revisión de antecedentes ni capacitación psicológica.

La norma, impulsada por el gobernador republicano Greg Abbot, un defensor incansable del derecho a tener armas, fue precedida por normas similares aprobadas también el año pasado en los estados de mayoría republicana de Tennessee, Utah, Iowa, Montana, Wyoming y Ohio. Así como en Pensilvania, de mayoría demócrata.

En 29 estados, los civiles tienen permitido llevar armas largas cargadas en los territorios fuera de la capital. Y en más de cuarenta estados, las personas pueden portar rifles semiautomáticos cargados en público sin una licencia o capacitación. Para comprarlas solo hace falta una identificación, demostrar que se es ciudadano o residente y llenar una solicitud que es verificada por el FBI. Es en estos lugares, se puede ir a un supermercado a comprar un arma.

Solo cinco estados, incluidos Nueva York California y el Distrito de Columbia, prohíben a los ciudadanos llevar armas largas cargadas. Por su parte, Massachusetts, Minnesota y Nueva Jersey requieren permisos para ello.

Crece la preocupación por las armas

En 2020, las heridas por arma de fuego superaron a los accidentes de tráfico como principal causa de muerte de niños y adolescentes en Estados Unidos. La tasa de mortalidad por armas de fuego entre los jóvenes estadounidenses es casi seis veces superior a la de Canadá, casi 23 veces superior a la de Australia y casi 73 veces superior a la del Reino Unido.

En 2020, el 79% de todos los homicidios y el 53% de todos los suicidios se produjeron con armas de fuego, según los CDC, lo que fue más alto que durante los cinco años anteriores.

Y si esos datos no fueran suficientemente aterradores, en los últimos diez años se ha producido una oleada de compras de armas de fuego y un aumento sorprendente de suicidios de jóvenes con armas de fuego, muchos de ellos llevados a cabo con armas que pertenecían a adultos del hogar.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en los casos en que niños y adolescentes murieron por heridas de bala accidentales, alrededor del 75% de las armas de fuego utilizadas habían sido guardadas cargadas y sin seguro.

“La gente quiere caminar por su vecindario y sentirse a salvo”, dijo Murthy en una entrevista con The Associated Press. “Estados Unidos debe ser un país donde todos debemos poder ir a la escuela, al trabajo, al supermercado, al templo, sin tener que preocuparnos de que eso pondrá en riesgo nuestras vidas”.

A fin de reducir las muertes por violencia armada, el funcionario pidió prohibir los fusiles automáticos, introducir revisiones de antecedentes universales para la compra de armas, regular la industria, aprobar leyes que restrinjan el uso de armas en espacios públicos y penalizar a quienes no almacenen de manera segura sus armas.

Ninguna de esas sugerencias podrá ser realidad sin la acción del Congreso, que suele ser renuente a aprobar medidas de control de armas, debido a la gran influencia de la Asociación Nacional del Rifle, que es un importante contribuyente en las campanas políticas del Congreso y el Senado.

Desgraciadamente cada vez que sucede una matanza como la de Ubalde o Sandy Hook, por nombrar sólo algunas de las múltiples que han ocurrido por todo el país, el Congreso se une en condolencias, minutos de silencio y condenas. Pero el proyecto de ley para aumentar el control de armas, presentado hace diez años tras la masacre de Sandy Hook, sigue esperando los 60 votos del Senado para ser aprobado. ¿Hasta cuándo?

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