Tragedia en San Antonio: 50 migrantes murieron asfixiados y sin agua

Sin agua, sin aire, pero llenos de esperanza. Así viajaban familias enteras de migrantes que deseaban cumplir su sueño americano de vivir y trabajar, de tener un mejor futuro en los Estados Unidos cuando uno a uno fueron muriendo asfixiados en el contenedor de un tráiler.

Ni imaginarse la angustia de una madre que probablemente vio morir a uno de sus hijos en sus brazos, desesperados ambos por la falta de oxígeno.

Es sin lugar a duda una de las peores tragedias humanitarias en el infierno que se ha convertido la frontera para cientos de miles de familias que huyen de la pobreza, la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en sus propios países.

Y quien esté libre de culpas en esta tragedia que arroje la primera piedra. Todos de alguna manera somos responsables, por omisión o comisión.

En primer lugar, el Congreso de los Estados Unidos, que no ha aprobado ninguna legislación migratoria significativa desde la amnistía aprobada por un presidente republicano, Ronald Reagan en 1986. Bajo diferentes pretextos y excusas, han incumplido su responsabilidad de legislar sobre uno de los temas de mayor importancia para el país desde una perspectiva humanitaria, económica y social.

¿O acaso la pandemia de COVID-19 no confirmó la necesidad que tiene este país de la mano de obra que representan los trabajadores esenciales en la agricultura, la construcción, el sistema de salud, el sistema de servicios, las empacadoras de carne, los supermercados? No seamos ingenuos, muchos de esos trabajadores son indocumentados que probablemente llegaron a este país en condiciones igualmente peligrosas.

Pero en el tema migratorio, como en otros, la pérdida de 50 vidas seguramente no conducirá a que el tema de la reforma migratoria ocupe un primer plano de atención nacional en este país. De la misma manera que la masacre en la escuela primaria Sandy Hook no resultó en un cambio inmediato en las legislaciones para el control de armas.

Tampoco se puede soslayar la responsabilidad que tienen los gobiernos que son expulsores de migrantes, por la incompetencia que han mostrado para resolver de manera significativa los graves problemas que enfrentan sus sociedades en materia de ingresos, corrupción e inseguridad.

Tenemos todos una obligación de hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar la repetición de tragedia similares. Si la masacre en Uvalde dio pie a la aprobación de la primera legislación relacionada al problema de la violencia armada contra estudiantes, es hora de una respuesta similar para atajar la hemorragia de muertes innecesarias en la frontera.

Las muertes de esas madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos no puede ser en vano. Aprobar una reforma migratoria integral es la mejor manera de honrar la memoria de esas víctimas, cuya única ambición era la búsqueda de un mejor futuro en la tierra del sueño americano y sólo encontraron una angustiosa muerte.