La reciente decisión de la administración Trump sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos ha generado una ola de incertidumbre y preocupación entre la comunidad inmigrante.

“Después de revisar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de EE. UU., la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en Venezuela ya no respaldan la designación para el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2023”, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Alianza Nacional del TPS, una organización de defensa de los beneficiarios del TPS, rechazó el argumento oficial y se declaró lista para impugnar la decisión en las cortes estadounidenses.

“Un ataque a uno es un ataque a todos. Si bien se ha hablado de división entre los inmigrantes en función de su origen nacional, ya sea de Venezuela, México, El Salvador, Haití o de otros lugares, la simple verdad es que la administración Trump busca expulsarnos a todos, junto con nuestros hijos y las generaciones futuras”, indicó.

Algunos países que han sido designados en diferentes momentos incluyen El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haití, Ucrania, Nepal y Sudán, entre otros

Sus beneficiarios requieren ser ciudadanos de un país designado con TPS, haber estado presente en EE.UU. desde una fecha específica establecida por el gobierno, no  tener antecedentes criminales graves y presentar la solicitud dentro del período de inscripción.

Es decir, por definición, los beneficiarios del TPS no deberían entrar en las prioridades de detención y deportación de la administración Trump. No sólo cumplieron con los requerimientos legales, sino que no tienen un récord criminal.

Aunque la administración Trump ha querido ligar a los beneficiarios del TPS con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua, no existe evidencia de que la abrumadora mayoría de quienes obtuvieron las protecciones del TPS sean criminales. 

La administración Biden había reconocido la gravedad de la situación en Venezuela, otorgando y extendiendo el TPS para sus ciudadanos exiliados en los Estados Unidos.

Sin embargo, la decisión de la secretaría Kristi Noem sugiere que la lógica de la administración Trum es que las condiciones en Venezuela han mejorado lo suficiente como para justificar la terminación de esta protección, una interpretación rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La decisión de dejar a cientos de miles de venezolanos se produce en un contexto de discusiones entre la administración Trump y el gobierno de Nicolás Maduro. Estas conversaciones, que incluyeron la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la aceptación por Caracas de vuelos de deportados 

Activistas coinciden que deben considerarse soluciones que equilibren las preocupaciones de seguridad nacional con la protección de los derechos humanos y las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Las cortes del país tendrán la última palabra.