Los Ángeles se convierte en ‘ciudad santuario’ para proteger a la comunidad inmigrante

En una decisión unánime, el Concejo Municipal de Los Ángeles ha declarado oficialmente a la ciudad como una «ciudad santuario», reforzando su compromiso de proteger a los inmigrantes frente a las amenazas de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo Donald Trump. Esta medida prohíbe el uso de recursos y personal municipal para colaborar con la aplicación de leyes migratorias federales, marcando un hito en la lucha por los derechos de los inmigrantes en el sur de California.

¿Qué implica la ordenanza de ciudad santuario?

La nueva política codifica en la legislación local las protecciones que ya existían en la práctica, reafirmando la prohibición de:

• Colaboración con agencias federales como ICE: Las autoridades locales no compartirán información sobre el estatus migratorio de los residentes ni participarán en actividades relacionadas con deportaciones.
• Uso de instalaciones municipales para actividades migratorias: Esto incluye negar acceso a oficinas y recursos locales para operaciones de inmigración.

Además, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) está fortaleciendo sus medidas de apoyo a estudiantes y familias inmigrantes, desarrollando planes de acción para enfrentar posibles políticas restrictivas de la nueva administración.

Un mensaje claro de apoyo a la comunidad inmigrante

Paul Krekorian, miembro del Concejo, expresó que esta medida busca aliviar los temores de la comunidad inmigrante y reforzar su confianza en que la ciudad los respalda. Durante la votación, manifestantes proinmigrantes se congregaron frente al Ayuntamiento portando carteles que proclamaban: “¡Los Ángeles, ciudad santuario ahora!”.

Con una población inmigrante de 1.3 millones de personas, Los Ángeles demuestra con esta ordenanza su compromiso histórico con la protección de quienes buscan una vida mejor.

Tensiones con el gobierno federal

La decisión de Los Ángeles se da en un contexto político tenso, marcado por la promesa de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas, incluyendo el uso de recursos militares para apoyar al ICE. Estas amenazas han generado preocupaciones entre los inmigrantes y tensiones legales entre el gobierno federal y las jurisdicciones locales.

Los Ángeles se une a otras ciudades y estados que han adoptado políticas similares, como la Ley de Valores de California (SB 54), para limitar la colaboración con agencias federales en materia migratoria.

Un precedente de resistencia

Desde la Orden Especial No. 40 en 1979, que prohíbe a la policía interrogar a personas sobre su estatus migratorio, hasta la actual ordenanza, Los Ángeles ha mantenido su postura de proteger a la comunidad inmigrante. Estas políticas, aunque controvertidas, buscan fomentar un ambiente de seguridad y confianza, permitiendo que los inmigrantes contribuyan plenamente al tejido social y económico de la ciudad.

Con esta ordenanza, Los Ángeles reafirma su compromiso de resistir las políticas antiinmigrantes y de actuar como un refugio seguro para quienes enfrentan incertidumbre y persecución.