Washington.- Cuando la Corte Suprema se reúna este miércoles para escuchar los argumentos sobre la legalidad o no de la ciudadanía por nacimiento, los magistrados enfrentarán una pregunta que ha permanecido prácticamente intacta en la jurisprudencia estadounidense durante más de un siglo: quién cuenta como ciudadano al nacer en este país.

En el centro del caso legal “Trump v. Barbara” está una orden ejecutiva firmada al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos, si al menos uno de sus padres no es ciudadano o residente permanente legal.

Los tribunales inferiores han bloqueado de manera uniforme la propuesta, al considerar que probablemente es inconstitucional. Ahora, en uno de los casos más trascendentales del período, la Corte Suprema evaluará si un presidente puede redefinir una garantía arraigada en la propia Constitución.

El eje constitucional del debate

La disputa legal gira en torno a la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la constitución de Estados Unnudos, ratificada en 1868, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”, son ciudadanos. Durante generaciones, ese lenguaje se ha interpretado de forma amplia.

La decisión de la Corte Suprema en 1898 en United States v. Wong Kim Ark afirmó que casi todos los niños nacidos en suelo estadounidense—independientemente del estatus migratorio de sus padres—son ciudadanos, con excepciones limitadas como los hijos de diplomáticos.

Sin embargo, la administración Trump está instando a la Corte a revisar esa interpretación.

“La aprobación e implementación de la ciudadanía por nacimiento, estaba destinada a los hijos de esclavos. No estaba destinada a que todo el mundo llegara y se apiñara en los Estados Unidos de América”, dijo Trump.

Los abogados del gobierno argumentan al respecto que la frase “sujetas a su jurisdicción” excluye a los hijos de inmigrantes indocumentados y algunos visitantes temporales, bajo el argumento de que las interpretaciones previas han sido demasiado amplias.

Reacciones y oposición legal

Organizaciones de derechos civiles y estados gobernados por demócratas se oponen a la medida y argumentan que la orden ejecutiva de Trump intenta reescribir tanto la Constitución como la legislación federal vigente.

“Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, sino también un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses… Esta orden busca repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a quienes se les niegan todos los derechos como estadounidenses”, alertó la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU).

Impacto en la población

Al menos 4 millones de niños nacidos en EE.UU. tienen padres indocumentados, según el Pew Research Center. De ellos, cerca del 50% (2 millones) son de origen mexicano, la comunidad más desproporcionadamente afectada por una posible reforma.

“La eliminación de la ciudadanía por nacimiento crearía una subclase multigeneracional que se autoperpetúa, en la que los residentes nacidos en Estados Unidos heredarían la desventaja social de sus padres e incluso, con el tiempo, de sus abuelos y bisabuelos”, advirtió el Instituto de Política Migratoria (MPI).

Lo que está en juego

Si la mayoría de 6 jueces conservadores del máximo tribunal decide rechazar la petición y deja intactos los principios constitucionales consagrados en la enmienda 14, vigente desde hace más de un siglo, habrá puesto un límite institucional a los alcances del poder presidencial en uno de los temas clave de la agenda de Trump.

En contraparte, juristas y organizaciones de defensa de los derechos advierten que si valida el argumento de Trump, la Corte crearía una nueva subclase de apátridas, en su mayoría de origen mexicano, una decisión afectaría a millones de migrantes e incrementaría a un nivel inédito la población indocumentada del país.

Si se mantiene la tendencia de 255,000 nacimientos de hijos de indocumentados al año en el país, para 2075 habría 1.7 millones de nacidos en Estados Unidos, hijos de dos padres nacidos en Estados Unidos, pero que, sin embargo, carecerían de estatus legal: una generación que no es de aquí, ni de ninguna parte.

“Eliminar la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos con padres inmigrantes no autorizados o titulares de visas temporales (o una combinación de ambos) aumentaría la población no autorizada en 2,7 millones adicionales para 2045 y en 5,4 millones para 2075”, de acuerdo con el MPI.

La orden ejecutiva y sus consecuencias

Desde el primer día de su segundo mandato, el pasado 20 de enero de 2025, firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar la ciudadanía por nacimiento para los bebés nacidos de inmigrantes indocumentados y aquellos con estatus migratorio temporal.

La acción ordenó “a las agencias federales actuar de acuerdo con el significado original de la Decimocuarta Enmienda» y estableció que «el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos”

Un debate que sacude al país

El plan de Trump detonó una tormenta política. Mientras sectores conservadores apoyan la medida como parte de una política migratoria más estricta, defensores de derechos civiles, expertos constitucionalistas y comunidades latinas la consideran una amenaza directa al principio de igualdad ante la ley y un acto discriminatorio dirigido a las comunidades migrante.