¿Te imaginas lo que es vivir en un cuarto de dos metros de largo por tres de ancho, y compartir tu vivienda con otras 13 personas? Eso es lo que durante ocho meses ha soportado Victoria Morales en su domicilio ubicado en Boyle Heights, un barrio hispano en el corazón de Los Ángeles.
“Si queremos usar el aire acondicionado nos cobran 100 dólares más”, dice Morales, una mexicana originaria del estado de Baja California que se dedica a la venta ambulante en uno de los grandes estadios deportivos de esa ciudad. “Pasamos dos semanas sin que arreglara la plomería… a el dueño lo único que le importa es el dinero”.
Cansada de la situación en la que vive, Montes denunció a las autoridades los cuartos que el propietario del inmueble había construido de manera ilegal en el interior del departamento para subarrendarlos por entre 1,200 y 1,600 dólares al mes. La diferencia de precio depende de si la habitación cuenta con un baño adentro. Pero eso no significa que el sanitario sea de uso exclusivo del inquilino del cuarto, porque igual se debe compartir con por lo menos otras ocho personas de diferentes familias que viven en el departamento.
En represalia por su denuncia, Morales, vive junto a su niña de 12 años en condiciones deplorables, luego de que el administrador intentó desalojarla. Actualmente por órdenes de la ciudad ha suspendido el pago de renta, hasta que se resuelva un litigio legal que ha entablado con ayuda de una organización de vecinos.
También, por ordenes del gobierno de la ciudad el propietario del inmueble se vio obligado a destruir los cuartos que había construido de manera ilegal y que le permitían cobrar una renta de por lo menos 18,000 dólares por un departamento en el que legalmente no podrían vivir más de cinco personas.
Las escasas pertenencia de esta mujer y su hija se encuentran en la sala de estar, que comparte con otras dos familias. “No tengo privacidad, no podemos dormir”, dice mientras toma uno de los medicamentos que le recetaron luego de que la semana pasada fuera atropellada muy cerca de su casa.
Por su lado, Guadalupe, otra de las afectadas por la demolición de su habitación, dice que los abusos parecían no tener fin.
“Yo no me quería pasar a este cuarto y ahora que me tocó pagar renta, me dijo que ya tengo que pagar 1,300 por ese cuarto, un incremento de más de 400 dólares”, dice esta mujer que gana el salario mínimo en un restaurante de comida rápida.
Los inquilinos de este edificio recibieron ayuda de la Unión de Vecinos. Leonardo Vilchis, su director, asegura que este no es un hecho aislado. “Hay muchos de estos edificios en estas condiciones en Los Ángeles y en la mayoría de las ciudades donde hay una gran población migrante”.
Para entendernos, debemos explicar que hacinamiento es la relación de desproporción que existe entre el espacio disponible y la cantidad de personas que habitan en un determinado lugar, fenómeno que expresa una clara problemática familiar con consecuencias sobre el comportamiento y la salud, en una franca desprotección y falta de respeto por los derechos humanos.
De acuerdo con el Censo 2020, en Los Ángeles, la tasa de hacinamiento es del 11%., una de las mayores de Estados Unidos, sin embargo, ese fenómeno aumenta en zonas con gran población migrante, como En Pico-Union, donde 4 de cada 10 personas viven en casa hacinadas, lo que convierte a esta comunidad en una de las más pobladas del país, con unas 40,000 personas viviendo en un espacio de 1.5 millas cuadradas.
La misma situación se reproduce en otras ciudades como Nueva York, Chicago y Houston, por nombrar sólo algunas, dice Vilchis de la Unión de Vecinos.
Si tú, tu familia o algún conocido se encuentra en esta situación no dudes en buscar ayuda en este link general.
Molesta por la situación en la que vive, Morales aseguró que los propietarios de estos departamentos se aprovechan porque la población inmigrante, especialmente si es indocumentada, cree que no tiene derechos y no es así. “Tenemos derecho a ser tratados como seres humanos”, dice con lágrimas en los ojos.
