Como si no pasara nada en la capital de Estados Unidos, como si no estuviera en el banquillo de los acusados de las audiencias públicas del Congreso por sus acciones e inacciones durante el intento de golpe de estado del 6 de enero, el expresidente Donald Trump regresó a Washington tan campante.
Después de haber abandonado la capital en desgracia el mediodía del 20 de enero de 2021, cuando Joe Biden juramentó como el presidente número 46 de Estados Unidos, Trump reapareció en la escena política de Washington para participar en un evento organizado por algunos de sus principales colaboradores en la Casa Blanca.
Si Trump trató de evitar que su reaparición en el America First Policy Institute (AFPI) fuera vista como el lanzamiento formal de su candidatura presidencial para el 2024, muy probablemente fracasó. A sus más cercanos les ha dicho que su decisión está tomada y que sólo está decidiendo sobre si anuncia su candidatura antes o después de las elecciones legislativas del mes de noviembre.
Pero existen crecientes señales de qué el Departamento de Justicia está acelerando sus investigaciones en torno a las acciones de Trump y algunos de sus principales colaboradores y asesores externos durante la dramática jornada del 6 de enero.
Steve Bannon, su principal estratega político electoral, fue encontrado culpable de desacato unos días antes de la visita de Trump. La policía cateó el domicilio de Geoffrey Clark, uno de los sub procuradores de justicia dispuestos a hacerle el trabajo sucio a Trump de invalidar la elección y también fue decomisado el teléfono de John Eastman, uno de los abogados de Trump y autor de una descabellada teoría legal para descalificar el triunfo de Biden.
Más aún, el ex jefe de gabinete del exvicepresidente Mike Pence, Mark Short y el asesor legal del ex vicepresidente, Greg Jacob, fueron citados a comparecer ante un gran jurado federal. Y la representante demócrata de Virginia, Elaine Luria, quién encabezó la octava audiencia pública sobre la insurrección, dijo que el comité selecto de investigación del congreso espera que el Departamento de Justicia realice una investigación criminal contra Trump, sin esperar a las conclusiones de la investigación legislativa.
Durante una reciente comparecencia, el procurador general Merrick Garland dijo que nadie estaba por encima de la ley. Es claro que muchas personas en Washington tenían dudas de la voluntad del procurador para perseguir criminalmente a Trump y sus allegados, especialmente porque emitió un memorando donde le pidió a los fiscales federales actuar con extrema cautela antes la inminencia de las elecciones de noviembre.
Pero la acumulación creciente de evidencia surgida durante las ocho primeras audiencias del comité investigador, y los nuevos citatorios judiciales a personajes clave, sugieren que el departamento de justicia está acelerando sus indagatorias.
Se trata de un dato sumamente importante, porque la gravedad de los sucesos del 6 de enero, el hecho de que Estados Unidos estuvo al borde de una crisis constitucional y política, si no es que de una guerra civil, no puede pasar a la historia sin una escrupulosa rendición de cuentas para dejar en claro que nadie, ni un expresidente, está por encima de la ley.
