A unas semanas de regresar al poder, Donald Trump revivió una idea polémica y divisiva: eliminar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
“Vamos a tener que cambiarlo. Tal vez tengamos que volver a la gente”, dijo Trump este fin de semana en una entrevista con Kristen Welker de NBC. “Tenemos que terminar con esto. Es ridículo”.
La propuesta no es nueva. Trump propuso el plan a través de una orden ejecutiva durante su primera campaña presidencial en 2016, pero ahora regresa con mayor intensidad, en un intento por afianzar su base electoral y encender debates en un país polarizado.
“Iba a hacerlo a través de una acción ejecutiva, pero luego tuvimos que solucionar el COVID primero, para ser honesto con usted”, dijo Trump.
La realidad es que terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento en los Estados Unidos probablemente requeriría una enmienda constitucional.
La Enmienda 14 de la Constitución establece explícitamente: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen.»*
Esto se ha interpretado como que cualquier persona nacida en los Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres, es un ciudadano.
El caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos *Estados Unidos v. Wong Kim Ark* (1898) confirmó esta interpretación para los hijos de padres no ciudadanos que estaban legalmente presentes en los Estados Unidos.
Aunque no abordó directamente a los inmigrantes indocumentados, este precedente apoya el principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Si bien el Congreso puede aprobar leyes para aclarar ciertos aspectos de la ciudadanía, anular un derecho constitucional como la ciudadanía por derecho de nacimiento probablemente excedería la autoridad legislativa. Es casi seguro que una ley de ese tipo sería impugnada en los tribunales y se enfrentaría al escrutinio de la 14.ª Enmienda.
Enmendar la Constitución es un proceso complicado. Requiere la aprobación de dos tercios de la Cámara y el Senado, seguida de la ratificación de tres cuartos (38) de las legislaturas estatales o una convención constitucional convocada por dos tercios de las legislaturas estatales (un método que nunca se ha utilizado con éxito).
Sin una enmienda o una reinterpretación radical de la 14.ª Enmienda por parte de la Corte Suprema, la ciudadanía por nacimiento seguirá siendo una garantía constitucional.
Es decir: Trump sí puede intentar anular ese derecho, pero se trata de un camino lleno de espinas y retos legales que hacen improbable que tenga éxito. Además los republicanos tendrán una ventaja mínima en la Cámara Alta y la Cámara Baja, donde los demócratas se oponen. En otras palabras, es probable que el plan termine en el cajón ceremonial de las malas ideas.
