Las recientes muertes ocurridas durante operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obligan a plantear una pregunta esencial: ¿qué se puede hacer para que una detención migratoria no termine con un ser humano muerto?

En menos de una semana, agentes de ICE dispararon mortalmente contra dos conductores, un mexicano en Houston y un colombiano en Biddeford, Maine.

Las autoridades federales sostienen que los vehículos o las personas representaban una amenaza; testigos han cuestionado esas versiones.

En ambos casos, los agentes buscaban originalmente a otras personas. En Maine no llevaban cámaras corporales y, en Houston, las autoridades no habían divulgado grabaciones.

Las investigaciones siguen abiertas y sería irresponsable dictar sentencia antes de conocer todas las pruebas. Pero eso no impide reconocer que algo está fallando.

La primera responsabilidad pertenece a las autoridades. Los agentes federales son profesionales armados, entrenados y respaldados por el poder del Estado.

Son ellos quienes deben reducir la tensión, identificar claramente su autoridad, comunicar órdenes comprensibles y evitar tácticas que puedan hacer pensar a una persona que está siendo víctima de un secuestro o un robo.

Idealmente, las operaciones de inmigración deberían utilizar, siempre que las circunstancias lo permitan, vehículos identificables, luces, sirenas, chalecos claramente marcados y advertencias en inglés y español.

La propia política de ICE establece que la fuerza debe emplearse solamente cuando no exista una alternativa razonablemente efectiva, segura y viable, y que únicamente puede utilizarse el nivel de fuerza objetivamente razonable ante las circunstancias.

También deberían hacerse una regla las operaciones callejeras con cámaras corporales activadas. ICE cuenta desde febrero de 2025 con una política actualizada sobre cámaras, y la agencia ha dicho que su programa se está implementando a escala nacional.

Del lado de los migrantes, conocer los derechos puede ayudar a disminuir el peligro.

Cuando una persona es interceptada por agentes, lo más prudente es no correr ni realizar movimientos bruscos. Si está dentro de un automóvil, debe detenerlo en cuanto sea seguro, apagar el motor, mantener las manos visibles y evitar buscar documentos sin avisar primero.

Una frase sencilla puede ayudar: “Voy a sacar mi identificación del bolsillo” o “Mis documentos están en la guantera”. También puede preguntar con calma y respetuosamente: “¿Estoy detenido?” y “¿Soy libre de irme?”.

Si la respuesta es que está detenido, no debe resistirse físicamente, incluso cuando considere que el arresto es injusto. La calle no es el lugar para ganar una disputa legal; esa batalla debe darse después, ante un abogado y un tribunal. Toda persona, independientemente de su estatus migratorio, tiene derechos constitucionales.

Finalmente, cada muerte debe ser investigada, idealmente de manera independiente, con divulgación rápida de vídeos y comunicaciones.

Estados Unidos puede hacer cumplir sus leyes migratorias sin convertir sus calles en escenarios de miedo y muerte. La seguridad de los agentes importa. La vida de los migrantes también.

Una política responsable debe proteger ambas, porque una placa no elimina la obligación de actuar con prudencia y la falta de documentos migratorios no debería convertirse en una sentencia de muerte.