En vísperas del voto decisivo en el Senado sobre la extensión de los subsidios a Obamacare, a veces olvidamos que la palabra “salud” no vive en los informes ni en los presupuestos. La salud vive en la sonrisa de una niña o un niño sanos, pero también en las noches de desvelo de quienes se preguntan si una factura médica podría romperles el bolsillo y la vida.
Por eso, extender los subsidios de Obamacare no es un debate técnico o numérico: es una decisión moral sobre el tipo de país que queremos ser.
Durante los últimos años, estos subsidios se convirtieron en algo tan simple y tan poderoso como la posibilidad de respirar sin angustia.
Millones de familias lograron, por fin, acceder a un seguro de salud que no las empujara a elegir entre cuidarse o pagar la renta o comprar comida.
No fue caridad. Fue justicia básica. Y cada niña o niño que consiguió una consulta antes de que la fiebre se complicara, cada adulto mayor que dejó de posponer un examen por temor a su costo, es un recordatorio de lo que está en juego.
Si estos subsidios desaparecen, las consecuencias no se medirán solo en números. Se medirán en vidas interrumpidas y en familias sacudidas por el temor de que una enfermedad lo arruine todo.
Extender los subsidios es una promesa colectiva de que nadie está solo cuando su cuerpo falla. Es reconocer que un país que deja caer a los más vulnerables termina rompiéndose a sí mismo.
Los demócratas someterán a voto en el Senado un plan para extender los subsidios durante tres años, tal como los republicanos lo prometieron como condición para reabrir el gobierno.
Sin apoyo republicano, el voto fracasará. Pero estos no se han comprometido a presentar un proyecto alternativo.
Más allá de las cifras, extender los subsidios de Obamacare es, en esencia, elegir un país más compasivo, más seguro y más justo.
No porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Porque nadie debería temer el correo que trae una factura médica. Porque, si la salud es un derecho, entonces proteger ese derecho debe ser un acto innegociable.
