Tras el trágico e injustificable ataque contra dos jóvenes de la Guardia Nacional en Washington por parte de un inmigrante de Afganistán, el presidente Donald Trump ha elevado el concepto de «migración inversa” como un principio central de la política de su administración.

En redes sociales, el presidente anunció medidas migratorias inmediatas como «pausar permanentemente la migración de todos los Países del Tercer Mundo» y perseguir agresivamente la expulsión de millones de no ciudadanos.

La “migración inversa” se refiere, en general, al proceso en el que las personas regresan de su destino o región de acogida a su lugar de origen —o a una región con menores oportunidades económicas— tras haber migrado previamente en dirección opuesta. Se trata esencialmente de un flujo migratorio regresivo.

El término «migración inversa,» tal como lo articula el Presidente, busca una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero.

Trump ha prometido poner fin a lo que él llama «millones de admisiones ilegales de Biden», terminar con los beneficios y subsidios federales para algunos no ciudadanos, e incluso desnaturalizar a los migrantes que se considere que socavan la tranquilidad doméstica.

Sin embargo, los críticos miembros de organizaciones migratorias consideran que las propuestas son alarmantes, toda vez que numerosos estudios académicos muestran que los inmigrantes cometen crímenes a tasas más bajas que los ciudadanos nativos.

Además, la naturaleza de las propuestas —dirigidas a millones de residentes legales, incluidos aquellos con Tarjeta Verde de los llamados «países de preocupación,» y reviviendo el término de “países del Tercer Mundo»— ha sido condenada como castigo colectivo.

Las ramificaciones económicas de una política de «migración inversa» podrían ser extendidas. Los trabajadores nacidos en el extranjero representan una porción significativa de la fuerza laboral de EE. UU., ocupando roles críticos en varios sectores.

La perspectiva de perder millones de trabajadores, particularmente en un período en el que persiste la escasez de mano de obra en muchas industrias, podría afectar a la economía.

Socialmente, esta política representaría un distanciamiento con la identidad de Estados Unidos como una nación construida por inmigrantes.

De la misma forma, la revisión de los titulares de Tarjeta Verde de países específicos y la suspensión de los procesos de asilo pendiente, ya está causando miedo e incertidumbre entre los residentes legales y solicitantes de asilo.

De acuerdo con Nicole Melaku, directora ejecutiva de Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA), “La suspensión de las decisiones de asilo y la tramitación de visas no solo afecta a quienes buscan refugio, sino también a las familias que esperan la reunificación y a las personas que han contribuido positivamente a la sociedad estadounidense”.

“Estas personas y familias, que buscan seguridad y estabilidad, no son responsables de la violencia en Washington DC”, sostuvo Melaku.