La frontera entre Estados Unidos y México enfrenta sin duda una crisis migratoria y una tragedia humanitaria. Es el resultado de un complejo conjunto de circunstancias:
La incapacidad de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para resolver problemas endémicos de inseguridad y falta de oportunidades.
La profundización antidemocrática y empeoramiento económico en Venezuela, Cuba, Nicaragua, así como la extrema pobreza lacerante en Haití.
La disfuncionalidad de la clase política de Estados Unidos para confrontar su dilema migratorio y su traición a los principios como una nación de migrantes.
Tiene razón la administración del presidente Joe Biden cuando habla de la necesidad de un enfoque integral: expandir las rutas legales para los migrantes; entender la migración como un problema regional que requiere colaboración internacional; atacar las causas de raíz de la pobreza y la violencia que empujan a las personas a una odisea letal.
Pero a ese rompecabezas, que será más complicado resolver con la decisión de poner fin al Título 42 en las actuales circunstancias, le hace falta una iniciativa de gran calado para la reforma del sistema de asilo, que le permita a Estados Unidos cumplir digna, honrosamente con sus principios fundacionales como un refugio para los perseguidos.
Por eso es incomprensible la decisión del presidente Biden de desplegar 1,500 soldados adicionales a la frontera, al igual que la no menos desatinada acción del gobernador Gregg Abbot de secundarlo con su propio contingente de la Guardia Nacional de Texas.
Cuando la Casa Blanca defiende el despliegue de tropas bajo el argumento de que todos los presidentes lo han hecho desde 2006, sólo confirma la incapacidad de la élite política para resolver un grave problema estructural.
Cuando Abbot encomienda a los soldados “interceptar, repeler y hacer retroceder a los migrantes que intentan entrar ilegalmente a Texas”, reafirma su vergonzoso enfoque xenofóbico.
Como observa correctamente el senador de Nueva Jersey Bob Menéndez, el despliegue de personal militar sólo promueve la idea errónea de que los migrantes son una amenaza que requiere de tropas para ser contenida.
La Casa Blanca dice estar preparada para administrar la oleada de migrantes a partir del 12 de mayo y confía en el pacto con México para aceptar hasta 30,000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Se trata de una prueba de fuego para el presidente Joe Biden, quien prometió restablecer el compromiso de Estados Unidos como un país que brinda la bienvenida a los migrantes, no que los criminaliza. Algunas de sus acciones parecen sin embargo menos alineadas con esa promesa y más con el enfoque policiaco de la era Trump.
Los migrantes, sin distinción de su origen o el color de su piel, deben ser recibidos con respeto, solidaridad y dignidad, no con la punta de un rifle de asalto.
Crédito fotografía: Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU
