En una saludable bocanada de oxígeno al debate migratorio, la Suprema Corte de Justicia frenó temporalmente la implementación de la polémica ley SB4 de Texas.

Su fallo tuvo lugar un día antes de que entrara en vigor la polémica legislación, que autoriza a agentes y policías del Estado de Texas detener y deportar a México de manera acelerada a inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente la frontera desde México. Hubiera sido la fórmula perfecta para la discriminación racial.

La SB4 también obliga a los jueces a dictaminar repatriaciones inmediatas y establece nuevos delitos, incluido una condena de hasta 20 años de prisión a indocumentados que sean acusados de reincidir en un ingreso indocumentado, es decir los sueños de Donald Trump, hechos realdad en Texas.

El Departamento de Justicia solicitó la intervención de la Corte Suprema luego que el gobernador Gregg Abbott desafiara la amenaza del gobierno federal de frenar la instrumentación de la ley SB4, considerada por la administración Biden como inconstitucional y perjudicial para las relaciones exteriores de Estados Unidos.

Se trató de la segunda demanda en contra de la SB4.  En diciembre, un grupo de organizaciones representadas por la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) de Texas presentó una demanda en la que acusa a la legislación de ser violatoria de los derechos de los solicitantes de asilo.

Amparada bajo la filosofía de la “autodefensa” ante la supuesta “invasión” de inmigrantes indocumentados, Texas puso en marcha no solamente la legislación, sino que ha bloqueado el acceso de agentes de la Patrulla Fronteriza a una porción de la frontera con México, para evitar que brinden apoyo a inmigrantes.

Pero aún si en última instancia los tribunales reconocen la facultad de los estados para promulgar leyes que consideren necesarias para proteger sus fronteras y mantener la seguridad pública, debe quedar en claro que esas leyes no violen ni la Constitución, ni los derechos de las personas, incluidos los derechos de los inmigrantes.

La pausa se produce en momentos en que la migración se convirtió en el principal tema en la recta final de las elecciones presidenciales de noviembre.

La semana pasada el presidente Joe Biden invitó a Donald Trump a trabajar juntos por una solución migratoria integral. La respuesta de Trump fue exigir que Biden cierre las fronteras nacionales de Estados Unidos, con México y Canadá, de manera inmediata.

El posicionamiento de los dos principales candidatos presidenciales sugiere que no existe en este momento un puente para acercar las posiciones. Peor aún, la administración Biden ha lanzado versiones de que podría incluso considerar, por acción ejecutiva, nuevas restricciones al asilo.

Ojalá los tribunales hagan con la SB4, lo mismo que hicieron con la SB1070 de Arizona hace más de 10 años: enterrarla en el panteón de las leyes inconstitucionales.

Pero no es ni moral ni ético que los más vulnerables entre nosotros, los migrantes y solicitantes de asilo, sean la carne de cañón, los chivos expiatorios, en la batalla por el control de la Casa Blanca y del Congreso.