La nueva ofensiva de la administración Trump contra el llamado “turismo de parto” coloca una pregunta incómoda en el centro del debate migratorio: ¿cuándo un viaje de una mujer embarazada es turismo legítimo y cuándo se convierte en fraude?
El presidente Donald Trump firmó este 6 de agosto una orden ejecutiva que instruye a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional a reforzar medidas contra extranjeras que entran con visas de no inmigrante con el propósito de dar a luz en Estados Unidos.
Una semana después, el Departamento de Estado anunció además un grupo especial para identificar estos casos, revocar visas y perseguir a las redes que los facilitan. En cuestión de días ya ha revocado más de 600 visas.
Pero vale la pena aclarar que, de acuerdo con abogados, estar embarazada, viajar a Estados Unidos o incluso dar a luz aquí no constituye, por sí mismo, un delito federal.
Desde 2020, sin embargo, las reglas consulares establecen que una visa B no puede concederse cuando el propósito principal del viaje es dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense para el niño.
Y si una persona miente sobre el propósito del viaje, oculta deliberadamente información material o presenta documentos falsos para conseguir la visa o entrar al país, el asunto puede pasar de una infracción migratoria a un caso de fraude.
En esos casos, el gobierno puede negar o revocar una visa, negar la entrada o iniciar procedimientos migratorios.
La nueva orden también contempla, dentro de la autoridad legal disponible, medidas que podrían incluir prohibiciones permanentes de entrada para quienes participen en estos esquemas.
Una determinación de fraude o tergiversación deliberada puede además generar inadmisibilidad bajo la ley migratoria.
Organizadores de esquemas de turismo de parto, algunas de las cuales se anuncian públicamente, también han recibido condenas de prisión por conspiración, lavado de dinero y fraude.
La clave, por tanto, no debería ser la barriga sino la evidencia.
Una mujer embarazada puede tener razones perfectamente legítimas para viajar: vacaciones, visitar familiares o recibir tratamiento médico.
Para distinguir esos casos de un esquema fraudulento, los expertos recomiendan que las autoridades debieran concentrarse en la transparencia y la coherencia: propósito declarado del viaje, duración prevista, reservas e itinerario, capacidad económica, acuerdos médicos reales, intención de pagar los costos y evidencia de regreso al país de residencia.
El embarazo puede justificar preguntas adicionales, pero no debería ser tratado como prueba automática de fraude. La línea razonable es investigar la conducta y las declaraciones, no presumir culpabilidad por una condición física natural y visible.
