Una gran parte de la atención nacional ha estado centrada en las protestas estudiantiles, el juicio a Donald Trump y los problemas de popularidad del presidente Joe Biden.
Pero detrás de la vitrina pública, se gesta una pelea formidable entre republicanos y demócratas que podría incidir en la alimentación de millones de personas en los Estados Unidos.
Estamos hablando de la reautorización quinquenal de la llamada Ley del Campo (FARM BILL) que tendrá un costo estimado de 1.5 millones de millones de dólares.
Los demócratas del Senado buscan neutralizar los esfuerzos de los republicanos de la Cámara de Representantes para limitar la autoridad del Departamento de Agricultura (USDA) sobre la Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC).
También rechazan el plan republicano para limitar actualizaciones al Thrifty Food Plan (TFP), que está relacionado con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el cual brinda apoyo alimentario a más de 41 millones de personas, la mayoría niños, personas mayores o con discapacidad.
Los beneficios máximos de SNAP se actualizan cada año según el costo del TFP en junio y entran en vigencia el 1 de octubre. El TFP es el costo de los alimentos necesarios para proporcionar una dieta saludable y asequible a una familia de cuatro personas.
Sólo el 20 por ciento de los hogares que reciben SNAP tienen ingresos mensuales brutos por encima del umbral federal de pobreza. El ingreso bruto mensual promedio de un hogar que recibe SNAP es de $872 dólares y el ingreso neto es de $398.
Un 37% de los beneficiarios de SNAP son blancos no-hispanos, un 26% son afroamericanos, un 16% son hispanos, un 3% asiáticos y un 2% nativos americanos, según cifras oficiales.
No hay duda que la Ley del Campo es el más importante instrumento de política agrícola y alimentaria de los Estados Unidos.
Creada en 1933 bajo el nombre de la Ley de Ajuste Agrícola (AAA), en medio de una sequía histórica y de la hambruna detonada durante la Gran Depresión, la legislación tuvo el doble propósito de ayudar a los granjeros y alimentar a las familias más pobres.
La Ley del Campo no logró ser renovada en su más reciente expiración y se mantiene con los mismos niveles de gasto que la versión previa.
Los comités de agricultura de la cámara de representantes y del Senado, tienen previsto aprobar sus versiones de la legislación en los próximos días.
Se requiere crear un consenso entre legisladores demócratas y republicanos moderados para aprobar una Ley del Campo que beneficie a los segmentos más vulnerables de la sociedad, a los granjeros y al país en su conjunto.
Tu voz cuenta en el desenlace de esta batalla. Comunícate con tu delegación en el Congreso y hazle saber tu punto de vista. Nadie debe ser un espectador pasivo cuando la alimentación de millones, en especial los más vulnerables, está en juego.
