La nueva “bella y hermosa” ley de presupuesto, impuestos, seguridad fronteriza destina más de 170,000 millones de dólares en materia de la política de deportaciones, contratación de agentes y unas 700 millas del muro fronterizo.

Pero uno de los aspectos que ha pasado desapercibido es que incrementa el precio de un número de servicios migratorios que podrían hacer más costoso que una persona pueda regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.

El nuevo esquema de tarifas propuesto por el gobierno federal impone costos inéditos a personas migrantes, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad.

La más emblemática de estas nuevas tarifas es, quizás, la que grava con $100 a cualquier persona que solicite asilo, más otros $100 anuales mientras su solicitud esté pendiente. 

Históricamente, Estados Unidos había evitado cobrar por este derecho fundamental, reconociendo que quien huye de la persecución suele hacerlo sin recursos. 

Abogados migratorios creen que, con esta medida, el país se aleja del espíritu del refugio humanitario y lo convierte, de facto, en un servicio condicionado al poder adquisitivo.

La ley establece asimismo una nueva tarifa mínima de 1.000 dólares para los inmigrantes a quienes se les concede entrada temporal a los EE. UU. por motivos de «interés público humanitario o significativo».

El costo de un permiso de trabajo, una herramienta vital para quienes esperan una decisión migratoria, se elevará a $550 por la solicitud inicial y $275 por cada renovación. 

Quienes están en libertad condicional humanitaria deberán pagar $1,000; y los adolescentes migrantes menores de 21 años, que han sido abusados, abandonados o descuidados, deberán abonar un mínimo de $250 para solicitar el estatus de inmigrante especial juvenil.

Por si fuera poco, se impondrá una nueva “tarifa de aprehensión”: $5,000 para cualquier persona considerada inadmisible que sea detenida entre puertos de entrada. Además, quienes falten a una audiencia migratoria deben pagar otros $5,000 al ser detenidos.

Otros aumentos afectan de forma más silenciosa pero masiva a visitantes, trabajadores temporales y estudiantes extranjeros. La solicitud del formulario I-94 aumentará de $6 a $30, el costo de una visa no inmigrante ascenderá a $250, y el programa de exención de visa (para países aliados como España, Francia o Japón) duplicará su costo a $40.

Incluso ciertos ciudadanos chinos deberán pagar una tarifa extra de $30 solo para mantener sus datos actualizados en línea.

En conjunto, estas medidas reflejan un nuevo paradigma: uno donde migrar o solicitar protección es un derecho de alto costo, es decir, un privilegio. 

Su impacto real será la exclusión sistemática de los más pobres y necesitados. Un país que ofrecía refugio, ahora exige un pago por adelantado. Soñar con el sueño americano en nunca fue fácil. Hoy es un lujo fuera del alcance de los más vulnerables.