Cientos de miles de nuestros hermanos centroamericanos y caribeños viven momentos de incertidumbre y zozobra, con motivo de las señales enviadas por la administración Trump sobre lo que aparece como la inminente terminación de los programas de Protección Temporal (TPS) que benefician desde hace años a inmigrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Haití.
Casi 200,000 salvadoreños, 61,000 hondureños, 50,000 haitianos y más de 2,000 nicaragüenses se benefician del TPS, que les ha permitido no solo vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, sino también hacer contribuciones indiscutibles en las ciudades y comunidades donde se han asentado, incluida el área metropolitana de Washington y el sur de la Florida.
Aunque no hay una decisión final sobre el destino del TPS, pendiente de la evaluación final que realiza la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Elaine Duke, la administración Trump dejó en claro, cuando renovó por seis meses adicionales el TPS para los haitianos, que deben prepararse para el regreso definitivo a la isla caribeña.
Naturalmente los inmigrantes centroamericanos han puesto las barbas a remojar. Las designaciones para El Salvador y Honduras expiran en enero y marzo respectivamente, por lo que enfrentan la realidad inminente de un posible fin de un TPS que los ha blindado a larga distancia de la inseguridad y la violencia que plagan al istmo centroamericano.
Pero nuestros hermanos centroamericanos y caribeños no están solos. Apenas hace unos días, un grupo de 23 senadores envió una carta a la secretaria interina Duke para clamar por una extensión humanitaria en el caso de los TPS correspondientes a inmigrantes salvadoreños y hondureños.
“Los beneficiarios del TPS están haciendo contribuciones valiosas a la economía de Estados Unidos. Los beneficiarios salvadoreños y hondureños ofrecen un respaldo importante a la industria de la construcción de Estados Unidos y estos individuos trabajadores serán esenciales a los esfuerzos de reconstrucción después de los huracanes Harvey e Irma”, escribieron.
Tienen razón. Los cientos de miles de centroamericanos y caribeños se han vuelto en gran medida indispensables pilares de este país, además de que en sus países de origen subsisten con diversos grados las mismas condiciones económicas y de inseguridad que los hicieron emigrar a los Estados Unidos en primer lugar.
El plazo para decidir el futuro de los hondureños, nicaragüenses y haitianos es en noviembre y el de los salvadoreños es en enero. Es el momento de la solidaridad y de poner un grano de arena para sensibilizar a la administración y al Congreso de una solución ejecutiva o legislativa, un gesto humanitario, que extienda una vez más la protección a quienes se han ganado a pulso un lugar en la mesa de la familia americana.
