Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
La Corte Suprema de Justicia decidió analizar la decisión del presidente Donald Trump de suspender por 90 días el ingreso de los viajeros procedentes de 6 países de mayoría musulmana, así como de 120 días en el caso de solicitantes de refugio político, luego de que la orden ejecutiva presidencial había sido congelada por dos cortes de apelaciones.
En tanto se realiza la audiencia, el máximo tribunal estadounidense permitió que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) ponga en vigor las disposiciones de la orden migratoria del presidente, pero sólo para aquellas personas que carezcan de una relación “de buena fe con una persona o entidad en los Estados Unidos”.
De inmediato, el presidente Trump consideró que la decisión unánime de la Corte Suprema es una clara victoria para la seguridad nacional de Estados Unidos, pues aseguró como líder del país no puede permitir el ingreso de personas que busquen hacer daño al país.
Antes de la intervención de la Suprema Corte, dos cortes de apelaciones habían fallado en contra de la administración Trump. Su fallo, uno de los primeros casos mayores donde interviene el nuevo magistrado Neil Gorsuch, debe responder una pregunta clave para el futuro del país.
¿Goza un presidente de Estados Unidos de facultades ilimitadas para establecer políticas migratorias bajo el argumento de la seguridad nacional?
La defensa del Departamento de Justicia sugiere que la posición de la administración Trump es que las decisiones del presidente no están sujetas a revisión judicial cuando se trata de la protección de la integridad del país y de la seguridad de sus residentes.
Hasta el momento las dos cortes previas han determinado que el sistema de pesos y contrapesos que idearon los Padres Fundadores se aplica también al ámbito migratorio y que deben ser consideradas no sólo las acciones del ejecutivo sino su intencionalidad y motivos.
El presidente Trump ha escrito en las redes sociales que se trata de una “prohibición de viajes” y algunos de sus asesores como el ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani han revelado que se trata de una versión legal del “veto musulmán” que el presidente prometió en su campaña presidencial.
El máximo tribunal deberá decidir si el contenido de la versión revisada de la orden ejecutiva del presidente respeta el marco constitucional o si las facultades del presidente no requieren de revisión judicial.
Por lo pronto, el DHS ha dejado en claro que la implementación de la orden migratoria será hecha de manera profesional y con directrices claras y del conocimiento público. Se trata de una norma de conducta que se debe aplicar a todos los casos de migración, haya o no un fallo de la Corte Suprema.
