La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) está proporcionando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los nombres de todos los pasajeros que viajan en vuelos dentro de Estados Unidos, como parte de un programa no revelado previamente que amplía de manera significativa el intercambio de datos para ejecutar deportaciones.
Un programa discreto de intercambio de datos
Bajo este programa, la TSA envía varias veces por semana listas de viajeros que pasarán por los aeropuertos del país. ICE utiliza esta información para cotejarla con su base de datos de personas sujetas a órdenes de deportación y, en algunos casos, envía agentes a los aeropuertos para detenerlas antes de que aborden o al llegar a su destino.
El gobierno de Donald Trump impulsa esta estrategia como parte de su objetivo de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos.
Detenciones en aeropuertos
Aunque no se conoce con exactitud cuántas detenciones se han realizado como resultado directo de esta colaboración, documentos obtenidos por The New York Times confirman que el programa derivó en la detención de Any Lucía López Belloza, una estudiante universitaria arrestada en el aeropuerto Logan de Boston el 20 de noviembre y deportada a Honduras apenas dos días después.
Un exfuncionario del ICE señaló que, en aproximadamente el 75 % de los casos en los que el programa identificó nombres de pasajeros, se produjeron detenciones.
Un cambio en la práctica histórica
Históricamente, el ICE había evitado interferir en los viajes aéreos nacionales. Sin embargo, esta nueva colaboración entre la agencia de seguridad aeroportuaria y la autoridad migratoria, que comenzó de manera discreta en marzo, marca un cambio significativo en la política federal.
La asociación refleja una expansión sin precedentes en la cooperación y el intercambio de información entre agencias federales, alineada con la estrategia migratoria de la administración Trump.
Preocupación por derechos y privacidad
Organizaciones defensoras de los derechos civiles han expresado preocupación por el uso de datos personales de viajeros y por el impacto que estas prácticas podrían tener en la privacidad, la libertad de movimiento y el debido proceso, incluso en vuelos domésticos.
Este programa plantea nuevas preguntas sobre hasta dónde puede llegar la vigilancia migratoria dentro del sistema de transporte aéreo de Estados Unidos.
