En los últimos meses se ha podido dar con una de las fuentes de deportación más grandes utilizada por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas): las licencias de conducir. Pues según The Washigton Post, la migra estaría utilizando las bases de datos estatales de licencias de manejar, en secreto y sin consentimiento, para perseguir a inmigrantes indocumentados.

Los inmigrantes indocumentados pueden obtener su licencia de manejo en 11 estados (California, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Utah, Vermont y Washington) y en Washington DC.

Por medio de las bases policiales de las huellas dactilares, muestras genéticas de ADN, y otros datos biométricos (utilizadas para el control de arrestados o criminales convictos), el ICE hizo uso de este recurso para destinarlo a investigar a personas que no han cometido delito alguno para ser sometidos a semejante investigación.

“El acceso de agentes de la ley a estas bases estatales”, y en particular a las de licencias de manejo, “se hace a menudo en las sombras y sin consentimiento”, Denunció el congresista demócrata Elijah E. Cummings.

Lamentablemente, cada vez son más los estados que media sus autoridades de transporte ofrecen “su ayuda”o consentimiento para que el ICE realice sus maniobras en secreto.

Tal es así, que en el estado de Washington, el Departamento de Licencias estuvo entregando a ICE casi a diario información sobre indocumentados; el diario Seattle Times lo desveló y el gobernador demócrata Jay Inslee, ordenó que cesara esta práctica.

En Vermont, sin embargo, la organización Migrant Justice presentó una demanda ante una corte federal denunciando que el Departamento de Vehículos de Motor proporcionó nombres, fotografías y otros datos de trabajadores inmigrantes que permitieron su deportación, denunciando una conducta totalmente “discriminatoria” bajo con la connivencia de los supervisores y pese a el acuerdo alcanzado en 2016, destinado a acabar con esta colaboración ante la Comisión estatal de Derechos Humanos.

Varios son los afectados, y es lamentable la impunidad con la que el ICE hace uso y se beneficia de datos de personas que no son criminales. Un claro ejemplo es el de, Enrique Balcazar, trabajador de granja y activista de Migrant Justice, quien fue detenido por ICE en marzo de 2017, y el cual asegura haber sido delatado por un trabajador del Departamento de Vehículos de Motor.

Según la demanda judicial del grupo, hasta 40 activistas han sido detenidos de esta manera en los últimos años, y muchos ya han sido deportados.