La decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para denegar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos no sólo representa una derrota legal para quienes apoyan la causa contra la migración.

Es, sobre todo, una reafirmación de una idea fundamental: en este país, la ciudadanía no depende del capricho del poder político ni del origen migratorio de los padres.

Desde hace más de un siglo, la Decimocuarta Enmienda ha sido entendida como una promesa clara: toda persona nacida en suelo estadounidense, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de Estados Unidos.

Esa frase ha sido una de las columnas vertebrales de la identidad constitucional del país. Varios de los padres fundadores eran descendientes de ingleses. Ha protegido a los hijos de inmigrantes europeos, asiáticos, latinoamericanos, africanos y de prácticamente todas las comunidades que han contribuido a construir la nación.

La orden ejecutiva de Trump buscaba romper esa tradición por decreto. Pretendía crear una nueva categoría de niños nacidos en Estados Unidos, pero tratados como extranjeros desde el primer día de vida, simplemente porque sus padres no tenían ciudadanía, residencia permanente o un estatus migratorio aprobado.

La Corte, al rechazar esa orden, envía un mensaje importante en un momento de profunda tensión institucional.

El mensaje fue que el presidente tiene amplios poderes en materia migratoria, pero no puede reescribir la Constitución con una firma.
No puede borrar derechos fundamentales mediante una orden ejecutiva. Para la comunidad latina, el fallo tiene un significado especial.

Juan Proaño, presidente de LULAC, quien acudió a escuchar el dictamen de la Corte, se declaró “aliviado” porque lo opuesto hubiera sido impensable.

Pero el impacto va más allá de los latinos o de los inmigrantes indocumentados.

Expertos creen que si un presidente pudiera limitar la ciudadanía por nacimiento para unos grupos, otro podría intentar hacerlo mañana contra otros.

La ciudadanía dejaría de ser un principio constitucional estable y pasaría a ser una herramienta política, ajustable según el clima electoral.

Eso no significa que el debate migratorio haya terminado. Estados Unidos sigue necesitando una reforma profunda, realista y humana de su sistema migratorio

Pero esa discusión debe darse en el Congreso, con leyes, no mediante atajos ejecutivos que ponen en duda derechos básicos.

La ciudadanía por nacimiento no es un accidente legal. Es una decisión histórica sobre qué tipo de país quiere ser Estados Unidos

Un país donde el lugar de nacimiento abre la puerta a la pertenencia, no donde el gobierno revisa el estatus de los padres antes de reconocer la dignidad de un niño.