Se cumplen esta semana catorce años desde que se implementó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Lo que nació el 15 de junio de 2012 como un alivio temporal —un puente de dos años para resguardar de la deportación a miles de niños traídos a Estados Unidos por sus seres queridos— se ha transformado en un laberinto de incertidumbre.

Hoy, aquellos rostros infantiles son adultos con carreras consolidadas, negocios, hipotecas e hijos nacidos en suelo estadounidense. Sin embargo, su situación en el único hogar que conocen sigue pendiendo de un hilo legal.

El impacto socioeconómico de DACA es innegable. Los datos más recientes demuestran que cerca del 89% de los beneficiarios iniciales forman parte de la fuerza laboral activa: son médicos, ingenieros, maestras y empresarias que ayudan a sostener economías locales.

No obstante, este aniversario llega en uno de sus momentos más críticos.

“Catorce años después, seguimos en el mismo lugar. No ha habido voluntad real. No ha habido solución. Solo promesas rotas y silencio político mientras el programa es asfixiado pieza por pieza”, lamenta un “soñador” que prefiere omitir su nombre. “Como Dreamer, estoy cansado de pedir lo que ya merecemos: protejan el programa, creen una vía real a la legalización y que esta administración cumpla lo que prometió. Hemos construido empresas, creado empleos, pagado impuestos y contribuido a este país — el único país que muchos de nosotros hemos conocido. No pedimos un favor, sino lo justo”.
Ciertamente, un grupo de legisladores encabezado por el líder de la bancada hispana en el congreso, Adriano Espaillat, renovó sus llamados para que se preserven las protecciones a los llamados “soñadores” o “dreamers”.

Activistas coinciden que la única solución real y definitiva está en manos del Congreso y que urge dejar de utilizarlos como moneda de cambio político y aprobar una legislación bipartidista como la Dream Act.

Mientras el legislativo actúa, el gobierno federal puede garantizar la agilización de las renovaciones vigentes o automatizar extensiones temporales automáticas para evitar que los retrasos burocráticos internos dejen a los jóvenes sin autorización laboral vigente.

Otra opción es facilitar los procesos de patrocinio laboral por parte de empresas y flexibilizar los ajustes de estatus por lazos familiares, esto permitiría que miles de beneficiarios hagan la transición de la vulnerabilidad de DACA hacia categorías migratorias permanentes y ordinarias.

Celebrar catorce años de este programa no debería ser un recordatorio de la resistencia de los “soñadores”, sino una llamada de atención sobre una deuda ética prolongada.

Proteger a los “Dreamers” sería un reconocimiento de justicia elemental para una generación que ya es, en todo sentido, menos en un papel, profundamente estadounidense.