En coincidencia con el primer semestre de la segunda era Trump, una legisladora republicana y una demócrata introdujeron una versión actualizada de la Ley DIGNIDAD de 2025: un proyecto de ley de reforma migratoria descrito por sus autoras como “audaz, histórico y con sentido común”.
A dos semanas de su reintroducción, la congresista republicana de Florida María Elvira Salazar y la demócrata de Texas Verónica Escobar han acumulado una veintena de patrocinadores, pero las probabilidades de ser aprobada en esta legislatura y promulgada son bajas si no cuenta con el apoyo de Donald Trump, lo cual luce altamente improbable.
“Presidente Trump, señor, el mismo Dios que lo salvó de la muerte en Pensilvania hace un año y que lo devolvió al Despacho Oval contra todo pronóstico, es el mismo Dios Todopoderoso al que millones y millones imploran algún tipo de dignidad, no amnistía”, dijo Salazar durante la presentación de la iniciativa.
«He presenciado de primera mano las devastadoras consecuencias de nuestro deficiente sistema migratorio… Considero que la Ley de Dignidad de 2025 es un primer paso crucial para reformar este sistema deficiente», declaró la congresista mexicano americana Escobar.
El proyecto de ley Dignidad 2025 abre la puerta a un alivio migratorio a los inmigrantes indocumentados que estaban en Estados Unidos, antes del 31 de diciembre de 2020, y ofrece 7 años de estatus legal con permiso de trabajo.
A diferencia de iniciativas anteriores, la Ley de Dignidad se financia íntegramente mediante el pago de $7,000 en restitución, cumplimiento de la ley y registro regular con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La propuesta no otorga beneficios federales ni camino directo a la ciudadanía y es renovable si se mantiene un buen comportamiento.
Asimismo incluye una versión del Dream Act, establece un estatus condicional por 10 años y camino a la residencia permanente mediante educación, empleo o servicio militar.
Pero la Casa Blanca descartó que el presidente Trump apoye la nueva propuesta de ley. “Ni la Casa Blanca ni el presidente han leído esta legislación… Pero el presidente lo ha dejado muy claro: no apoyará de ninguna manera la amnistía para los inmigrantes indocumentados”, respondió.
A pesar de que las encuestas muestran que una mayoría de los adultos estadounidenses coinciden que Trump ha ido demasiado lejos en materia migratoria, el presidente ha mantenido firme su línea dura contra la migración indocumentada.
No es la única iniciativa en trámite. El senador demócrata de California Alex Padilla anunció una legislación que actualizaría el estatuto de Registro vigente de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) ajustando la fecha de Registro de modo que un inmigrante pueda solicitar la residencia permanente legal si ha vivido en EE. UU. de forma continua durante 7 años y no tiene antecedentes penales.
La iniciativa proporciona una vía para obtener una Green Card a más de 8 millones de personas, incluyendo a los Dreamers, titulares de TPS, hijos de titulares de visas de larga duración, trabajadores esenciales y los titulares de visas H-1B.
Más allá de los méritos de estos proyectos, su futuro es más que incierto en el actual panorama político, pero esa perspectiva podría cambiar tras el resultado de las elecciones de 2026. Tu voto es tu voz y cuenta.
