Demócratas y republicanos coinciden en algo que beneficiaría a muchos latinos

Por Noam N. Levey para KFF Health News 

Mientras temas candentes de atención médica como el aborto y la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA) agitan la carrera presidencial, silenciosamente en las legislaturas estatales de todo el país demócratas y republicanos han estado trabajando juntos para abordar la crisis de la deuda médica en la nación. 

Desde 2021, más de 20 estados han promulgado nuevas leyes para frenar la facturación abusiva de los hospitales, ampliar la atención caritativa a los pacientes con ingresos más bajos y frenar a las agencias de cobros. 

Los demócratas impulsaron la mayoría de las medidas. Pero estas iniciativas legislativas a menudo fueron aprobadas también con el apoyo de los republicanos. Incluso, en algunos estados, los legisladores republicanos lideraron los proyectos para ampliar la protección a los pacientes. 

“Independientemente de cuál sea su partido político, independientemente de su origen… cualquier procedimiento médico importante puede llevar a las personas a la bancarrota”, dijo en una entrevista el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner, un republicano conservador. “Este es un problema real”. 

Renner, que ha liderado controversiales medidas para frenar el derecho al aborto y ampliar la pena de muerte en Florida, también encabezó este año un proyecto para limitar los casos en los que los hospitales podían enviar facturas a las agencias de cobros. Obtuvo el apoyo unánime de la Legislatura de Florida. 

Las medidas bipartidistas adoptadas en otros estados han ido más lejos, prohibiendo que las facturas médicas impagas figuren en los informes de crédito de los consumidores y restringiendo la posibilidad de que los proveedores médicos embarguen las viviendas de los pacientes. 

KFF Health News halló que unas 100 millones de personas en el país están agobiadas por algún tipo de deuda relacionada con la atención médica, lo que obliga a millones a utilizar sus ahorros, pedir segundas hipotecas o recortar los gastos en alimentos y otros artículos de primera necesidad. (Unos 6 millones de latinos de clase media, con seguro médico, tendrían deudas médicas imposibles de pagar, la cifra sería muy superior si se suman aquellos sin seguro que pagan de la atención médica de su bolsillo, o los que tienen cobertura de salud deficiente). 

Una cuarta parte de quienes tienen deudas debían más de $5.000 en 2022. 

“En la Legislatura, los republicanos parecen más abiertos a proteger a la gente de la deuda médica que de cualquier otro tipo de deuda”, opinó Marceline White, directora ejecutiva de Economic Action Maryland, una organización sin fines de lucro que ayudó a liderar los esfuerzos en ese estado para detener a los proveedores médicos que pretendían embargar los salarios de los pacientes de bajos ingresos. El proyecto de ley recibió el apoyo unánime de demócratas y republicanos. 

“Parece existir un amplio consenso en que no se debe perder la casa o los ahorros de toda la vida por haberse enfermado”, dijo White. “Es un nivel básico de justicia”. 

La deuda médica sigue siendo un tema controversial en Washington, donde la administración Biden ha impulsado varias iniciativas para abordar el problema, incluida una propuesta de reglamentación por parte de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que prohibiría que cualquier deuda médica apareciera en los informes de crédito.  

La vicepresidenta Kamala Harris, que encabeza la iniciativa del gobierno contra la deuda médica, se ha referido a estas iniciativas en la campaña presidencial. Harris también ha pedido que se refuercen las medidas para ayudar a millones de estadounidenses a pagar su deuda médica. 

El ex presidente Donald Trump no suele hablar de la deuda médica cuando hace campaña. Pero congresistas republicanos han criticado la propuesta de la CFPB, que el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Patrick McHenry, del Comité Nacional Republicano, calificó de “extralimitación regulatoria”. 

Sin embargo, el encuestador Michael Perry, que ha investigado ampliamente lo que opinan los estadounidenses sobre la atención médica, comentó que los votantes conservadores, que suelen desconfiar del gobierno, parecen ver la deuda médica de otra manera.  

“Creo que sienten que está todo tan en su contra que ellos, como pacientes, realmente no tienen voz”, explicó. “Las divisiones políticas que normalmente vemos, en esta cuestión simplemente no están presentes”. 

Cuando los defensores de los consumidores de Arizona propusieron en las boletas electorales de 2022 una medida para limitar los tipos de interés de las deudas médicas, el 72% de los votantes se pronunció a favor de la iniciativa. 

Del mismo modo, encuestas a nivel nacional han revelado que más del 80% de los republicanos y demócratas respaldan la implementación de límites en los cobros de deudas médicas, y fijar requisitos más estrictos para que los hospitales ofrezcan ayuda financiera a los pacientes. 

Perry destacó otro factor que puede estar impulsando el interés de ambos partidos por la deuda médica: la creciente desconfianza de los ciudadanos a medida que los sistemas de salud se hacen más grandes y actúan como grandes corporaciones. “Los hospitales ya no son lo que eran”, dijo. “Eso está dejando claro que el lucro y la codicia son los que están dirigiendo gran parte de la toma de decisiones”. 

No obstante, no todos los esfuerzos estatales para hacer frente a la deuda médica han obtenido un amplio apoyo tanto de demócratas como de republicanos. 

El año pasado, cuando Colorado se convirtió en el primer estado que prohibió la inclusión de las deudas médicas en los informes de crédito, sólo un legislador republicano respaldó la medida.  

Y en Minnesota un proyecto de ley similar se aprobó este año sin un solo voto del Partido Republicano. 

En otros lugares medidas igualmente estrictas se han aprobado sin inconvenientes. 

Por ejemplo, este año, en Illinois, se votó por unanimidad en el Senado estatal un proyecto de ley que prohíbe el reporte de deuda médica en los informes de crédito, y antes se aprobó por 109 votos a favor y dos en contra en la Cámara de Representantes.  

En Rhode Island ningún legislador del Partido Republicano se opuso a la prohibición del reporte de crédito. 

Finalmente, cuando la Legislatura de California examinó un proyecto de ley de 2021  para exigir a los hospitales del estado que proporcionen más asistencia financiera a los pacientes, la propuesta fue aprobada por 72 votos a favor y ninguno en contra en la Asamblea estatal y por 39 a 0 en el Senado. 

Incluso algunos estados conservadores, como Oklahoma, han tomado medidas, aunque más modestas. Una nueva ley prohíbe a los proveedores médicos reclamar deudas a los pacientes si no han hecho públicas sus tarifas. La resolución, firmada por el gobernador republicano del estado, fue apoyada por unanimidad. 

Steve Neville, senador republicano por Nuevo México, que respaldó una ley para restringir los cobros abusivos a pacientes de bajos ingresos en ese estado, dijo que simplemente estaba siendo pragmático. 

“No era muy beneficioso dedicar mucho tiempo a intentar cobrar a pacientes indigentes”, dijo Neville. “Si no tienen dinero, no tienen dinero”. Tres de los 12 senadores republicanos apoyaron la medida. 

Dale Folwell, tesorero estatal de Carolina del Norte, republicano que como legislador estatal encabezó en 2012 un intento para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo que todos los funcionarios electos, sin que importe su partido, deberían preocuparse por el modo en que las deudas médicas están afectando a los pacientes. 

“No importa si, como conservador, estoy diciendo estas cosas, o si Bernie Sanders está diciendo estas mismas cosas”, dijo Folwell, en referencia al senador liberal de Vermont. “Al fin y al cabo, todos deberíamos asumir la responsabilidad de defender a aquellos que permanecen invisibles”. 

Esta historia fue producida por Noam N. Levey de KFF Health News, una redacción nacional enfocada en el tratamiento en profundidad de temas de salud, que es uno de los principales programas de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.