Fiona e Ian dejaron mucho más que un saldo de muertos y destrucción en Puerto Rico y Florida. Dejaron al descubierto lo que resulta cada vez más obvio: Los desastres que dejaron los huracanes en las poblaciones vulnerables como la hispana fueron desproporcionados.
El presidente Biden actuó con celeridad para declarar un “desastre mayor” en 9 condados de Florida: Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinellas y Sarasota. Serán elegibles a subvenciones para viviendas temporales y reparaciones del hogar, préstamos a bajo interés para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y ayuda a propietarios de negocios.
El gobierno federal anunció también que brindará asistencia individual de hasta $37,900 para reparaciones esenciales del hogar y otros $37,900 para objetos perdidos, así como asistencia en efectivo por 700 dólares para ayudar a cubrir lo esencial. Hasta el momento, casi 200,000 hogares en todo Puerto Rico han recibido esta última asistencia en efectivo.
Pero la situación de Hardee, uno de los condados más pobres de la Florida y uno de los 9 declarados en emergencia, ilustra la dimensión de una problemática estructural que no puede ser aliviada con curas temporales.
Más del 44% de los residentes del condado de Hardee son latinos, el 37% de los cuales son de origen mexicano. El ingreso medio por hogar fue de apenas 40,000 dólares al año en 2020. Un 21.2% de sus residentes vive por debajo de la línea de la pobreza y a pesar de la Ley de Salud Asequible, un 20% de sus residentes carece de seguro de salud.
En Hardee, sólo 100 de los 8,000 hogares en el condado tienen cobertura federal contra las inundaciones, lo cual es equivalente a una tasa de cobertura de 1.3%, de acuerdo con un análisis de la publicación Político.
Aunque Hardee refleja el más dramático ejemplo de las injusticias climáticas, no se trata de una situación única. En los 9 condados de Florida declarados en emergencia, sólo un 30% de los 1.8 millones de hogares afectados por Ian tienen cobertura federal contra inundaciones. Eso representa según el análisis que alrededor de 1.3 millones de hogares del estado quedaron a merced de la asistencia federal.
Es verdad que la ley de reducción inflacionaria impulsada por el presidente contempla inversiones históricas para confrontar el calentamiento global y remediar las injusticias climáticas, pero la creciente intensidad y frecuencia de los eventos catastróficos como huracanes es un fenómeno que llegó para quedarse y está afectando a las poblaciones vulnerables.
Se trata pues de un problema demasiado grande para ser resuelto sólo por el gobierno, toda vez que requiere una alianza pública, privada y de la sociedad civil. Las elecciones de noviembre son una gran oportunidad para votar a favor de los candidatos que entienden que el cambio climático es un reto existencial y tienen planes e ideas para encontrar soluciones integrales, efectivas y duraderas.
