De forma sorpresiva, la Suprema Corte de Justicia avaló la decisión de la administración del presidente Joe Biden de poner fin a una de las más polémicas reliquias de la era Trump, la política de “Quédate en México”, o como es conocida burocráticamente, los Migration Protection Protocols (MPP).
A decir de los propios afectados y de abogados migratorios, los MPP conferían mucha injusticia y poca protección. Más de 70,000 personas fueron obligadas a esperar sus procesos de asilo en territorio mexicano durante la pandemia, en condiciones de hacinamiento y sin un horizonte claro de solución. El resultado era obvio por qué probablemente siempre fue la intención del programa: Miles desistieron y regresaron a sus países de origen.
En octubre del año pasado, el secretario de seguridad nacional (DHS) Alejandro Mayorkas, hizo un correcto diagnóstico del problema en un memorando oficial: “Evidencia significativa indica que las personas que esperaban sus audiencias judiciales en México bajo el MPP estaban sujetas a extrema violencia e inseguridad a manos de organizaciones criminales transnacionales que se beneficiaron de la explotación de las vulnerabilidades de los migrantes… Estados Unidos tiene una capacidad limitada para garantizar la seguridad de quienes regresan a México”.
Otros problemas significativos con los MPP detectados por el DHS, incluyen las dificultades para acceder a un abogado y viajar a tribunales separados por una frontera internacional.
Pero ¿qué sigue? El programa será seguramente eliminado en las próximas semanas una vez que el fallo de la Corte Suprema llegue a los tribunales inferiores, pero algunos creen que su desaparición no hará mayor diferencia, no sólo por continuarán los litigios en las Cortes sino porque permanece vigente otro muro legal para los migrantes: el no menos polémico Título 42.
“Para los solicitantes de asilo, el Título 42 sigue siendo el principal obstáculo para buscar protección en los Estados Unidos, por lo que la decisión tendrá un efecto mucho más moderado. Para aquellos que están esperando en la frontera la oportunidad de buscar protección, algunos se beneficiarán, pero la mayoría no se verá afectada”, escribe Aaron Reichlin-Melnick del American Immigration Council.
Activistas esperan en efecto que el Título 42 sea el siguiente en la lista de programas por desaparecer, pero para el abogado Rafael Borrás, la administración Biden podría hacer algo más: “Yo trabajo a diario con estos casos y he visto que el gobierno de los Estados Unidos, cuando quiere, puede procesar efectivamente los casos de personas en la frontera. He trabajado muchos casos de ucranianos, y de otros países europeos, que llegan al mismo puente, en la misma frontera y son procesados con dignidad y respeto”.
No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos es acusado de aplicar un doble estándar en el trato a los migrantes europeos, comparado con los de otras regiones del mundo. Esta es una gran oportunidad para la administración Biden de mostrar que su gobierno es distinto y que sabe cumplir sus promesas de un trato digno y humanitario para TODOS.
