Ya era hora. El presidente Joe Biden cumplió finalmente uno de los más anhelados deseos de la comunidad defensora de los migrantes y del Estado de derecho: El fin de la aplicación del tristemente célebre “Título 42”, una perversa reliquia de la era Trump a través de la cual 1.7 millones de personas no pudieron presentar sus casos de asilo.
La aplicación del Título 42 se amparó en las opiniones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para justificar la negativa de ingreso a los migrantes bajo el argumento de la emergencia de salud por la pandemia de COVID.
Con su eliminación a partir del 23 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procesará a las personas encontradas en la frontera de conformidad con el Título 8, que es el procedimiento estándar que utiliza para poner a las personas en procedimientos de deportación.
Se trata por supuesto de una de una buena decisión, aunque el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, mandó un mensaje directo a los migrantes potenciales (y de paso a los contrabandistas de personas): Los migrantes que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados.
Más aún, el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que si bien la política de Estados Unidos busca atacar las causas que originan la migración hacia Estados Unidos, su prioridad inmediata será lograr que los países de tránsito como México, impiden el flujo de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos.
La petición presupuestal del presidente Biden para el año fiscal 2023 incluye una asignación de 987 millones de dólares para generar proyectos de desarrollo en el llamado triángulo del Norte, que incluya El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero activistas coinciden que se trata de una cantidad insuficiente para la dimensión del problema
En todo caso, el fin del Título 42 es el equivalente de ponerle una “curita” a un paciente hospitalizado que requiere una cirugía mayor.
Cómo sugieren los senadores Bob Menéndez y Cory Booker, también es importante dar solución a los problemas que están generando que cubanos, haitianos, venezolanos, colombianos, y nicaragüenses se arriesguen al peligroso viaje a través de México o del mar para intentar llegar a Estados Unidos.
A raíz de la guerra en Ucrania, la administración Biden tuvo un gesto generoso para acoger a 100,000 desplazados por la invasión rusa, muchos de los cuales esperan su ingreso a Estados Unidos en albergues improvisados en la frontera con México.
En ese sentido, la administración Biden demostró que cuando existe voluntad es posible flexibilizar las políticas públicas para responder a los retos del momento. Es una gran noticia que se ponga fin a la aplicación del título 42, pero ahora deben asignarse los recursos para garantizar el proceso debido y un análisis expedito de los casos y una protección similar para los migrantes latinoamericanos como la reciben los ucranianos.
