Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
 
Resulta comprensible la indignación de los miembros del Grupo Legislativo Hispano de la Cámara de Representantes (CHC) por la decisión de la administración del presidente Donald Trump de incluir la pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020, pues consideran la acción como intimidatoria y motivadas por consideraciones políticas y/o electorales.
 
La argumentación del Departamento de Justicia, que hizo la petición al Departamento de Comercio, que tiene a su cargo la realización del Censo, fue que requiere saber dónde viven los ciudadanos estadounidenses procedentes de las minoría étnicas o raciales a fin de hacer cumplir con la Ley de Derechos del Voto.
 
Pero la argumentación es sospechosa para los opositores de la inclusión de la pregunta, porque el propio presidente Trump se ha encargado de diseminar la versión –desmentida por expertos—de que millones de indocumentados votaron ilegalmente en estados demócratas como California, durante las elecciones presidenciales del 2016.
 
“Es una pregunta mal intencionada que impacta no solamente a las familias indocumentadas, sino también a los residentes que tienen su residencia legal y su ciudadanía, y que tienen miembros de su familia que son indocumentados y que tendrían miedo”, sostiene el representante por Nueva York, Adriano Espaillat, el primer dominicano americano electo al Congreso de los Estados Unidos.
 
Su punto de vista es compartido por más de una docena de estados, incluido California, han interpuesto una demanda para frenar la inclusión de la pregunta, además de ganarse la solidaridad de 6 ex directores del Censo, 19 procuradores de justicia y más de 161 alcaldes.
 
Los legisladores demócratas que rechazan la pregunta de ciudadanía están decididos a llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, de ser necesario, aunque primero buscarán bloquearla a través del proceso legislativo de asignación de gastos, prohibiendo al Departamento de Comercio usar fondos federales si decide seguir adelante con la pregunta.
 
Pero hasta el momento sus argumentaciones parecen haber caído en oídos sordos entre la mayoría republicana de la Cámara de Representantes y del Senado. De allí que, para algunos legisladores, como Norma Torres, de California, el tema está ligado al desenlace de las elecciones legislativas intermedias del próximo mes de noviembre.
 
“Vamos a llevar este caso a la Suprema Corte, pero más importante, vamos a llevar este caso a las elecciones de noviembre porque nuestros pueblos, nuestra gente, está con mucha energía y no van a seguir aceptando estas políticas racistas de esta administración”, sostuvo Torres.
 
Por lo pronto el Congreso celebra esta semana una audiencia legislativa con la comparecencia de funcionarios del Censo, una buena oportunidad para que los votantes latinos hagan saber a sus representantes en el Capitolio lo que piensan de una pregunta que ya se hace en la encuesta comunitaria de cada 3 años, pero nunca en el Censo obligatorio desde 1950.