El balance migratorio del año 2022 podría resumirse con la palabra “decepcionante”.
Es verdad que la administración del presidente Joe Biden aprobó el estatus de protección temporal para miles de venezolanos y la extensión por 18 meses de los beneficios para los inmigrantes procedentes de El Salvador, IT, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal.
Y hace apenas unos días, los Departamentos de Seguridad Nacional y del Trabajo anunciaron la disponibilidad de 64,716 visas temporales para trabajadores no agrícolas H-2B para el año fiscal 2023.
Pero en otras asignaturas, la falta de avances es sencillamente una gran desilusión: Nuestros “Dreamers” y trabajadores agrícolas indocumentados se han quedado nuevamente con las manos vacías, a pesar de que se merecen una solución permanente a su situación migratoria.
No sólo fracasó un plan bipartidista impulsado por la senadora de Arizona Kyrsten Sinema y por el senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis, Sino que el empuje que dieron al “Dream Act” organizaciones como United We Dream, así como senadores y activistas demócratas, desafortunadamente no llegó a ninguna parte.
Por si fuera poco, el polémico Título 42, que permitió a la administración Trump expulsar del país a 2.5 millones de inmigrantes como debajo de la excusa de la emergencia de salud pública por la pandemia de COVID, está haciendo manipulado con una pelota de ping-pong en los tribunales de Estados Unidos.
El título 42 debía expirar el 21 de diciembre, a partir de una orden de un juez federal, pero su terminación provocó una contra demanda de 19 estados y la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que dejó el fin del programa en suspenso por tiempo indefinido.
Para quienes llevamos viviendo muchos años en los Estados Unidos, nos resulta todavía incomprensible la disfuncionalidad de la clase política para lidiar con un tema de suma gravedad e importancia para el futuro del país.
Es incuestionable que los Estados Unidos requieren un flujo ordenado y legal de todo tipo de mano de obra, tanto en las industrias tecnológicas, como en los sectores de la economía que requieren de mano de obra intensiva, como la agricultura o la construcción.
A pesar de ello, la clase política con quien continúa poniendo parches desde 1986, incapaz de ponerse de acuerdo en una política migratoria que equilibre las legítimas preocupaciones de seguridad fronteriza e integridad territorial, con las exigencias de mano de obra que requiere la funcionalidad y prosperidad de la economía de los Estados Unidos.
Lamentablemente las perspectivas de una reforma migratoria están marcadas por nubarrones en el horizonte. La próxima mayoría republicana en la cámara de representantes parece estar más preocupada por complacer a Donald Trump y sus políticas radicales que en hacer el trabajo para el que fueron contratados: resolver problemas.
Pero no existe otra opción para la comunidad de inmigrantes y sus partidarios que continuar en las trincheras de una lucha justa, no sólo exigiendo la justicia que se merecen sino mostrando con su ejemplo, su trabajo y su patriotismo, que hay una deuda moral hacia ellos que se debe pagar con una solución permanente, digna y humanitaria.
