Una semana después de la masacre de Uvalde Texas, cuando el presidente Biden y su esposa Jill visitaron el epicentro de la matanza para depositar una ofrenda floral en el improvisado monumento en memoria de las pequeñas víctimas de la Escuela Primara Robb, un desesperado residente local lanzó un grito desesperado “haga algo presidente”.

“Lo haremos”, respondió el presidente.  En su momento escribí que los rostros de quienes visitaron el monumento a los niños de Uvalde, se apreciaban los rasgos inconfundibles de la indignación y la impotencia.

Casi 5 meses después, con el trasfondo de las nuevas matanzas en Colorado Springs y en una tienda Walmart de Virginia, el presidente Biden y los demócratas ya promulgaron una ley pero están tratando de hacer algo más significativo: restablecer la prohibición nacional de armas de asalto estilo AR-15

En 1994, el presidente Bill Clinton promulgó la prohibición de las Armas de Asalto, pero fue dejada expirar por los republicanos en 2004 durante la presidencia de George W. Bush. Desde entonces, se han multiplicado el número de masacres multitudinarias y el número de armas en circulación en el país asciende a 400 millones de pistolas y rifles.

En junio pasado, un mes después de la tragedia de Uvalde, Biden promulgó la más importante legislación de seguridad de las armas en las últimas tres décadas, la cual incluye incentivos para que los estados aprueben las “leyes de bandera roja” que permiten solicitar a los tribunales que retiren las armas de las personas que se consideran una amenaza para ellos mismos o para otros.

Desde entonces, Biden había emplazado a los republicanos a restablecer la prohibición de las armas de asalto tipo AR-15, los cargadores de alta capacidad, elevar la edad para la compra de armas a 21 años, y hacer universal la revisión de antecedentes criminales para los compradores de armas

Biden pidió además eliminar el escudo legal de que gozan los fabricantes de armas para no ser demandados y cerrar los huecos que impiden la revisión de antecedentes penales a las armas compradas en ferias ambulantes, en el Internet o entre particulares.

Ese mismo mes, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de medidas para restringir el acceso a las armas de fuego a raíz de la masacre en Uvalde. Ningún republicano votó a favor. En el Senado se requiere en este momento el apoyo de al menos 10 republicanos.

La Casa Blanca reconoce que lograr la restauración de la prohibición de las armas de asalto antes del inicio de la nueva legislatura, donde los republicanos tendrán el control de la Cámara de Representantes, es una “batalla cuesta arriba”, pero ha insistido en que no abandonará sus esfuerzos para llegar a la meta.

Es una gran oportunidad para que los republicanos “racionales”, como los llamó el presidente, nos muestren que escucharon el clamor de los ciudadanos expresados en las urnas el 8 de noviembre y aprueben la prohibición de las armas de asalto. 

Su aprobación no será una panacea para evitar todas las muertes, pero sí un gran avance para atajar la violencia irracional. Se los debemos a todas y cada una de las víctimas y sus seres queridos.