El Sueño Americano siempre ha tenido como piedra angular la certeza de un hogar propio. Sin embargo, en muchos estados del país, esa promesa se ha convertido en un lujo inalcanzable.
Un récord histórico de 22.7 millones de hogares inquilinos en Estados Unidos están financieramente «asfixiados» por la vivienda, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard.
Esto significa que casi el 50% de todos los inquilinos del país destinan más del 30% de sus ingresos mensuales exclusivamente a pagar el alquiler electricidad, gas y agua. Esto es especialmente grave en estados como California.
Por eso es de aplaudirse que legisladores demócratas y republicanos sumaron voluntades para aprobar esta semana en Washington la 21st Century ROAD to Housing Act (Ley de Camino a la Vivienda del Siglo XXI).
La ley contiene 5 pilares robustos que buscan reducir el costo de la vivienda, de manera directa e indirecta:
- La ley crea un fondo de ayuda directa no reembolsable de hasta 25,000 dólares destinados al pago inicial de la hipoteca para compradores de primera generación (aquellos cuyos padres nunca tuvieron una propiedad).
Asimismo, obliga a las agencias de crédito a reconfigurar sus algoritmos para que pagar el alquiler puntualmente sume puntos a la hora de pedir una hipoteca, a fin de democratizar el acceso al crédito.
- Prohíbe que corporaciones, fondos de inversión y firmas de private equity con activos superiores a los 50 millones de dólares sigan devorando viviendas unifamiliares en zonas de alta demanda.
- La ley destruye las barreras invisibles de la segregación urbana. Obliga a las municipalidades a erradicar el viejo modelo de zonificación exclusiva para casas unifamiliares, permitiendo por ley la construcción de viviendas de densidad media (como dúplex o apartamentos accesibles).
Cualquier nuevo proyecto residencial que supere las 10 unidades deberá reservar el 20% de su espacio a alquileres asequibles para familias de ingresos bajos o medios.
- La inestabilidad del inquilino llega a su fin con una suerte de «Carta de Derechos del Arrendatario». La ley prohíbe los desalojos sin causa justa (sólo serán posibles por impagos reales o uso propio del dueño) y establece que las alzas anuales de los alquileres en manos de corporaciones no podrán superar la inflación local más un 5%, con un techo absoluto del 10%.
- La legislación entiende que una casa no es digna si arruina a su inquilino con las facturas de la luz o el gas. Todo edificio financiado con fondos públicos deberá cumplir con el estándar de «emisiones netas cero». Para no ahogar a los propietarios vulnerables, el Estado financiará hasta el 85% de las reformas de transición energética como por ejemplo paneles solares.
La ley no es una bala mágica que resuelve de la noche a la mañana la crisis de asequibilidad de vivienda. Pero representa un cambio de modelo total. Deja atrás la era de la desregulación para inaugurar un urbanismo más justo: más verde, menos corporativo y diseñado para proteger la economía doméstica frente a las crisis globales. La vivienda vuelve a ser un derecho antes que un activo financiero.
