“Braceros’ siguen reclamando el dinero que les adeuda el gobierno de México
Por Hace poco más de 20 años entrevisté por primera vez a Baldomero Capiz a un costado de la Placita Olvera en la ciudad de Los Ángeles. En esa ocasión me dijo que encabezaba una lucha para lograr que los trabajadores agrícolas conocidos como “Braceros”, que vinieron a Estados Unidos a trabajar entre 1946 y 1964, recuperaran el dinero que les había robado el gobierno de México.
En pleno 2024, volví a hablar con Capiz, presidente de la Unión Binacional de Exbraceros 1942-1967 y como si no hubieran pasado dos décadas, me dijo que seguía insistiendo para que los trabajadores recibieran el dinero que el gobierno de México aún les adeuda.
La de los braceros es una historia de explotación y robo
En agosto de 1942, en respuesta a la escasez de mano de obra agrícola durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y México firmaron un acuerdo binacional para iniciar el Programa de Trabajo Agrícola Mexicano, más conocido como el programa Bracero, para que los trabajadores mexicanos trabajaran en Estados Unidos temporalmente en granjas y ferrocarriles.
El gobierno estadounidense garantizaba un salario mínimo de 30 centavos por hora, además de transporte, comida y vivienda gratuita.
El verano pasado, Rosa Martha Zárate Macías, de 80 años, miembro del equipo de coordinación de La Alianza de Exbraceros del Norte 1942-1964, organización que representa a los braceros del norte de California, publicó un libro dedicado a ellos y que hizo sonar las alarmas sobre las condiciones de los trabajadores agrícolas migrantes en la actualidad.
En “Nuestros abuelos fueron braceros y nosotros también”, escrito por Zárate Macías y el historiador mexicano Abel Astorga Morales, los trabajadores agrícolas relatan cómo fueron reclutados, llegaron a Estados Unidos y, con frecuencia, fueron maltratados por los patrones. Algunos testifican haber esperado días, semanas e incluso meses en la cola para obtener el permiso de entrada a Estados Unidos.
El libro también destaca los humillantes exámenes médicos a los que tenían que someterse los aspirantes a braceros. La política habitual era obligar a los solicitantes a desnudarse en público para ser revisados en busca de enfermedades venéreas y hemorroides, y a ser “desinfectados” rociándolos con diclorodifeniltricloroetano, mejor conocido como DDT, un pesticida que fue prohibido por la Agencia de Protección Ambiental en 1972 por sus efectos nocivos.
Los robó el gobierno
El gobierno estadounidense extraía el diez por ciento de sus salarios semanales y lo entregaba al gobierno mexicano, que supuestamente se encargaba de mantener los fondos en una “cuenta de ahorros” para después entregarlos a los trabajadores agrícolas cuando regresaban a México.
Según un estudio realizado por economistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los 500 millones de pesos que se les adeudaba a alrededor de 4,7 millones de braceros equivaldría hoy a unos 5.000 millones de pesos (aproximadamente 248 millones de dólares), incluidos los intereses.
En 2001, varios ex braceros interpusieron una demanda colectiva en un tribunal federal de San Francisco contra los gobiernos de Estados Unidos y México, tres bancos mexicanos y el banco Wells Fargo, donde se depositó el dinero y luego se transfirió al Banco Nacional de Crédito Rural de México.
Un juez federal desestimó la demanda en 2002, alegando la prescripción y la inmunidad soberana.
No fue hasta el 8 de octubre de 2008 que el gobierno mexicano, a través de un acuerdo extrajudicial, acordó pagar unos 3.500 dólares a cada uno en concepto de indemnización a unos 250.000 braceros que pudieran demostrar con documentos originales que habían trabajado en Estados Unidos entre 1942 y 1964. Pero muchos trabajadores carecían de documentos y nunca recibieron la indemnización. Y las indemnizaciones se pagaron sólo a los antiguos braceros que vivían en Estados Unidos.
En 2005, el gobierno mexicano, bajo la presidencia de Vicente Fox, acordó pagar 38.000 pesos (aproximadamente 3.400 dólares en ese momento) a cada bracero que viviera en México. Pero durante la siguiente administración de Felipe Calderón, los pagos disminuyeron a 4.000 pesos, antes de que el sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, finalizara el programa por completo.
Ahora queda por ver, dijo Capiz, si la presidenta de México, Claudia Sheinbaum decide hacer justicia con estos mexicanos que confiaron en las instituciones mexicanas.