Uno de los principales resultados del acuerdo de reapertura del gobierno federal fue extender los beneficios plenos del Programa de Ayuda Suplementaria de Alimentos (SNAP) hasta el 30 de septiembre de 2026.
Actualmente unas 42 millones de personas están inscritas en el programa, 16% de las cuales son de origen latino, alrededor de 6.7 millones.
Pero la secretaria de Agricultura (USDA), Brooke Rollins, anunció que la administración Trump exigirá a todos los participantes de SNAP que vuelvan a solicitar sus beneficios para prevenir el fraude.
Aunque las reglas no han sido publicadas en detalle, los beneficiarios deberán demostrar que cumplen con los requisitos de elegibilidad para continuar recibiendo los beneficios, de alrededor de 190 dólares al mes por persona.
SNAP tiene un costo anual de alrededor de 100,000 millones de dólares al año y forma parte de la llamada Farm Bill.
Aunque es un programa federal administrado por el USDA, es gestionado por agencias a nivel estatal a través de oficinas locales, las cuales determinan la elegibilidad basándose en factores como los ingresos, los recursos y el tamaño del hogar.
Por eso el USDA ordenó a los estados compartir datos sobre los beneficiarios, describiendo el sistema como «plagado de fraude» pero solo 29 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, han cumplido con la solicitud.
De acuerdo con Rollins hasta ahora se han detectado que 186.000 personas fallecidas recibieron beneficios y 500.000 personas recibieron beneficios de SNAP en más de un estado. La administración Trump ha dado de baja del SNAP a aproximadamente 700,000 personas y ha arrestado a 118.
Por supuesto que nadie puede estar en contra de erradicar el fraude y el abuso, porque potencialmente evita que lleguen los beneficios a familias que verdaderamente lo necesitan.
En promedio una familia que recibe SNAP tiene ingresos netos de alrededor de 400 dólares al mes.
Por eso es importante mantener SNAP y su misión principal es asegurar que los hogares de bajos ingresos puedan permitirse los alimentos necesarios para una dieta nutritiva, lo cual reduce directamente la inseguridad alimentaria.
Al garantizar el acceso a alimentos nutritivos, SNAP es vital para la salud y el bienestar de los participantes, especialmente niños y adultos mayores.
Está comprobado que SNAP mejora los resultados de salud a largo plazo y reduce los costos asociados con enfermedades relacionadas con la malnutrición y libera ingresos que pueden destinarse a otras necesidades esenciales como vivienda y servicios públicos.
En resumen, SNAP no sólo es un programa de asistencia alimentaria, sino una herramienta fundamental para reducir la pobreza, mejorar la salud pública y estabilizar la economía al poner alimentos nutritivos al alcance de quienes más lo necesitan.