Washington, D.C. – En un giro legal sin precedentes, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó una victoria temporal al expresidente Donald Trump al permitir que su orden ejecutiva —que busca negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU.— sea aplicada en 28 estados controlados por gobiernos republicanos.
La decisión, aprobada por una votación de 6-3 entre los jueces de mayoría conservadora, no se pronunció aún sobre la constitucionalidad de ignorar la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense. Sin embargo, sí permitió que la orden ejecutiva entre en vigor de forma limitada, al menos hasta octubre, cuando se espera una decisión definitiva.
La Corte también impuso un período de espera de 30 días para que los afectados puedan presentar nuevas impugnaciones legales a esta controvertida medida.
Demandas legales en defensa de los derechos de ciudadanía
En respuesta inmediata, organizaciones defensoras de derechos civiles y migratorios presentaron una demanda colectiva a nivel nacional. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto a sus filiales en New Hampshire, Maine y Massachusetts, así como otros grupos como el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia, lideran el esfuerzo legal.
“Todos los tribunales que han analizado esta cruel orden coinciden en que es inconstitucional”, afirmó Cody Wofsy, abogado principal del caso por ACLU. “La decisión de la Corte Suprema no sugirió lo contrario en absoluto, y lucharemos para asegurarnos de que el presidente Trump no pueda pisotear los derechos de ciudadanía de un solo niño.”
La demanda representa a familias cuyos hijos recién nacidos podrían perder el derecho automático a la ciudadanía, a pesar de haber nacido legalmente en territorio estadounidense.
Departamento de Justicia prioriza la desnaturalización
De forma paralela, el Departamento de Justicia (DOJ) ha comenzado a intensificar sus esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense en ciertos casos. Un memorando interno, fechado el 11 de junio, instruye a los fiscales federales a priorizar los procesos de desnaturalización contra ciudadanos naturalizados que enfrenten acusaciones criminales graves.
Este enfoque podría afectar a millones: según datos de 2023, más de 25 millones de inmigrantes naturalizados viven actualmente en Estados Unidos.
Uno de los primeros casos se dio el 13 de junio, cuando un juez ordenó la desnaturalización de Elliott Duke, una persona no binaria y veterano militar originario del Reino Unido. Duke fue condenado por distribución de material de abuso sexual infantil, un delito que, según el DOJ, fue cometido antes de obtener la ciudadanía estadounidense.
Implicaciones legales y constitucionales en juego
El intento de eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento choca directamente con la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos».
Este principio, conocido como ius soli (derecho del suelo), ha sido pilar fundamental del sistema de inmigración y ciudadanía del país desde el siglo XIX.
Organizaciones de derechos humanos, abogados constitucionalistas y legisladores demócratas han calificado la medida como un ataque frontal al estado de derecho y a los valores democráticos del país.
