ProPublica documentó más de 170 incidentes en los que ciudadanos estadounidenses fueron arrestados durante los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, revelando un patrón preocupante en la aplicación de las leyes migratorias.
Detenciones de ciudadanos, incluidos niños y personas enfermas
Entre los detenidos se encuentran casi 20 menores, dos de ellos con cáncer. Cuatro niños pasaron semanas en detención junto a su madre indocumentada, sin acceso a un abogado, hasta que una congresista intervino.
Aunque los agentes de inmigración tienen autoridad limitada para detener a ciudadanos estadounidenses, ProPublica encontró más de 50 casos en los que las personas fueron arrestadas tras ser cuestionadas sobre su ciudadanía. Casi todos eran latinos.
Arrestos y acusaciones sin fundamento
Los agentes también pueden detener a ciudadanos que presuntamente interfieren o agreden a oficiales. El informe recopiló alrededor de 130 casos, incluyendo una docena de funcionarios electos, acusados de obstrucción o agresión.
Sin embargo, en casi 50 casos no se presentaron cargos o estos fueron archivados tras la revisión judicial. Solo un pequeño número de personas se declaró culpable, en su mayoría por delitos menores.
Casos de abuso documentados
El informe expone varios incidentes de uso excesivo de fuerza:
- Un joven fue golpeado y rociado con gas pimienta por grabar a los agentes.
- Un hombre de 79 años convaleciente de una cirugía cardíaca fue derribado y presionado contra el suelo, resultando con costillas rotas y sin recibir atención médica durante 12 horas.
- Una mujer fue detenida camino a su trabajo durante una redada a vendedores ambulantes, permaneciendo más de dos días incomunicada, a pesar de que la Corte Suprema limita ese tiempo a 48 horas sin cargos.
Respuesta del gobierno
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó las acusaciones de discriminación.
“No arrestamos a ciudadanos estadounidenses por motivos de inmigración”, afirmó la portavoz Tricia McLaughlin.
Sin embargo, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, admitió que los agentes pueden considerar la apariencia de las personas:
“¿Cómo se ven en comparación con usted?”, preguntó a un periodista blanco en Chicago.
Por su parte, la Casa Blanca defendió a los agentes, señalando que cualquier agresión o interferencia será procesada:
“Interferir con la labor policial es un delito, y toda persona deberá rendir cuentas”, declaró la subsecretaria de prensa Abigail Jackson.
El reporte de ProPublica abre un debate crucial sobre los límites del poder migratorio y la protección de los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses, especialmente de origen latino, ante posibles abusos de autoridad en los operativos migratorios.
