En riesgo, las familias más pobres de perder los beneficios de SNAP
Por El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tiene pocos días para superar dos de los más grandes retos para su liderazgo.
Por un lado, Johnson debe convencer a su indisciplinada bancada a aceptar un proyecto de resolución que mantenga abierto al gobierno federal más allá del plazo del 17 de noviembre.
Por otro lado, y no menos importante, debe aprobar la Ley del Campo (Farm Bill) de la que dependen no sólo los granjeros de Estados Unidos, sino más de 40 millones de personas de bajos ingresos bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Más de 60 miembros de la bancada republicana enviaron una carta a Johnson a fin de que coloque la aprobación de la Ley del Campo como una prioridad.
Cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) muestran que 37% de los beneficiarios de SNAP son blancos no-hispanos, un 26% son afroamericanos, un 16% son hispanos, un 3% asiáticos y un 2% nativos americanos.
Pero a pesar de su indudable importancia, la renovación de la Ley del Campo enfrenta un futuro incierto. Los republicanos más radicales buscan a toda costa endurecer los requisitos para recibir los beneficios de SNAP.
La mayoría de los miembros del ultraconservador Freedom Caucus no firmaron la carta enviada a Johnson, como tampoco la mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes.
Al igual que lo hicieron en 2018, en el debate de la Ley del Campo previa, los demócratas se oponen enérgicamente a hacer más restrictivos los criterios de elegibilidad de SNAP.
Pero no se trata de la única diferencia. Aún no existen acuerdos en dos aspectos centrales, como son el nivel de subsidios a los cultivos y el financiamiento para compensar a los granjeros afectados por el cambio climático.
Rudy Arredondo, presidente y fundador de Latino Farmers & Ranchers International Inc. que representa a más de 75,000 granjeros y ganaderos latinos, sostiene que debe haber una evaluación de los acres que no podrán sembrarse por factores climáticos y apoyar a esos granjeros.
Con apenas unas semanas de tiempo legislativo para limar las diferencias, un acuerdo para renovar la Ley del Campo luce difícil.
¿Cuál es el escenario más probable? En opinión del secretario de Agricultura Tom Vilsack, lo más probable es la aprobación de una extensión de la Ley del Campo de 2018 antes del 31 de diciembre. “Si no se hace, tendremos caos”, advierte. Y acaso uno de los aspectos más dramáticos de ese caos es que más de 40 millones de personas de bajos ingresos se queden sin apoyo alimentario como consecuencia de las peleas ideológicas de los republicanos en la Cámara de Representantes.