Una nueva ley en Texas permitirá el arresto y deportación de personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera, enfrentando desafíos legales del Departamento de Justicia y grupos de derechos civiles.

¿Quién debe resolver la crisis migratoria en Nueva York? 

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Ha aumentando la crisis migratoria en Nueva York con la llegada de alrededor 100,000 inmigrantes durante el último año, muchos de ellos huyendo de Venezuela.

Si son correctas las estimaciones del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de un gasto de más de 12,000 millones de dólares en un lapso de tres años, es evidente que ni el estado de la ciudad ni el estado pueden resolver el problema. “Hemos rebasado nuestro punto de ruptura”, confesó.  

En coincidencia, la administración del presidente Joe Biden activó una demanda contra el gobernador republicano de Texas Gregg Abbott por su despliegue de boyas fronterizas sobre el Río Bravo y lo acusó de violar leyes federales,.

En el fondo de esa demanda se encuentra un principio legal central: el gobierno federal tiene la responsabilidad de establecer, implementar y supervisar la política migratoria.  

Por eso sorprende que, según el New York Post, la administración Biden haya rechazado el plan de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, de utilizar el campo militar Floyd Bennett en Brooklyn, para albergar temporalmente la oleada de migrantes.  

La Casa Blanca argumentó que existen todavía pendientes “operativos y legales” en relación con albergar a los solicitantes de asilo, de acuerdo con el NYP. “Lograr que el gobierno federal cambie de oposición y le diga una agencia con el Departamento del interior, que ahora tienen que aceptar migrantes, ha sido un trayecto complicado”, reconoció Hochul.  

Es evidente que, si la llegada de los migrantes a Nueva York y a otras ciudades es un resultado de las políticas migratorias del gobierno federal, administración Biden y el Congreso federal, deben hacer un esfuerzo mayor para resolver el problema.  

Actualmente la ciudad de Nueva York alberga a más de 57,000 inmigrantes, todos los cuales tienen necesidades de techo, camas, comida, atención médica y educación para los menores.  

Cualquier ciudad de los Estados Unidos tendría problemas económicos y logísticos para atender a esa población inesperada, sin recursos, a fin de darles una tensión digna y humanitaria como lo establecen las leyes federales. 
Lamentablemente, no parece haber un sentido de urgencia en Washington para resolver la problemática.  

Desproporcionadamente, la controversia sobre las boyas fronterizas entre Texas y México ha acaparado la atención de los políticos y de los medios informativos. La crisis migratoria en Nueva York sigue siendo abrumadoramente un tema estatal y local. 

Nueva York es admirado por muchas razones, pero especialmente por la icónica Estatua de la Libertad que ha sido un faro de esperanza para millones de personas.  

Tristemente, la crisis migratoria ha llevado al alcalde de NYC a pedirle a los migrantes que no viajen a la ciudad.  
Es hora de que, en Washington, donde parece que los procesos criminales contra Donald Trump han agotado el oxígeno de la clase política, políticos y legisladores se pongan a la altura de las circunstancias y resuelvan esta trágica crisis social y humanitaria. 

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